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Rafael Sanchez Saus

La quiebra de la universidad andaluza

CON el agua al cuello" titulaba este periódico el dramático comunicado que los rectores de las universidades andaluzas han emitido para demandar "que se garantice la continuidad de las actividades docentes e investigadoras en condiciones de normalidad y calidad". Pues resulta que la Junta debe 800 millones de euros a sus universidades; que en 2011 sólo se transfirió el 60% del dinero previsto; que en mayo de este año se suprimieron otros 130 millones en el ya menguado presupuesto universitario andaluz; que las universidades deben más de 300 millones a sus proveedores a pesar de que se han recortado fuertemente las partidas dedicadas a becas Erasmus, investigación, infraestructuras y equipamientos. Y así hasta poner en riesgo -dicen los rectores con jerga de gerentes- "la eficacia de cualquier estrategia de ahorro y austeridad que se implemente".

Como la Junta simplemente no puede pagar, se impone la conclusión de que la universidad andaluza ha entrado en quiebra, algo que sólo se disimula por el hecho de que los edificios están ahí y los profesores pueden cobrar, de momento, sus recortados sueldos, muy inferiores, en general, a los de cualquier ordenanza del Ayuntamiento de Jerez, como hemos sabido también en estos días por la prensa. Para colmo, los pescadores en río revuelto ven llegada su ocasión: el curso que comienza se adivina de lo más movido, hasta el punto de que muchos profesores han preparado versiones sumarias de sus programas para, llegado el caso, minimizar los daños en la formación de sus alumnos.

En cualquier institución donde se hiciera gala, como en la universidad, de espíritu crítico y capacidad de análisis, un panorama así impondría la necesidad de reformar en profundidad un modelo a todas luces agotado, insostenible, ineficaz, burocratizado y escasamente formativo. Modestamente, me atrevería a sugerir a nuestros rectores que empiecen por llamar a alguno de sus colegas de las casi treinta universidades españolas que funcionan sin pedir un euro al Estado ni al contribuyente, sin deudas ni comunicados lacrimógenos, y le pregunten cómo hace para cerrar su cuenta de resultados cada año. Y luego, con un buen plan de acción que no consista sólo en poner la mano, se vayan a ver al señor Griñán o a quien haga falta.

Claro que para eso se precisa la libertad de actuación y de criterio que los rectores andaluces nunca han tenido. Ni fuera ni, sobre todo, dentro de sus casas. Y es que el gobierno de las propias universidades forma parte, y no pequeña, del problema que arrastran.

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