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Editorial

Sin rebajas en la deuda histórica

EL presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido tajante: no se aceptará ninguna cantidad por debajo de los 784 millones de euros en que se cuantificó lo que quedaba de la deuda histórica tras los dos anticipos recibidos. Después de largas y complicadas negociaciones para fijar el montante de este concepto huidizo de deuda histórica (compensación a Andalucía por el deficiente estado de la educación, la sanidad y la vivienda en el momento en que se recibieron las competencias respectivas), el Gobierno de la nación y el Gobierno andaluz alcanzaron al fin un acuerdo que zanjaría de una vez el contencioso: quedarían pendientes 784 millones de euros, a saldar con el traspaso a la Junta de los activos de la Expo 92 y la cesión de terrenos propiedad del Estado en diversas provincias. Por mandato del Estatuto de Autonomía en vigor, la liquidación ha de hacerse antes del próximo 20 de marzo, es decir, que falta menos de un mes para cumplir el plazo. Una vez pactada la cantidad, la cuestión de la deuda histórica parecía destinada a desaparecer de la vida política andaluza, donde ha sido un tema recurrente y polémico. Incluso el PSOE andaluz, que sostiene al Gobierno autonómico, realizó una amplia campaña de propaganda con un lema significativo: "La deuda histórica ya es historia". Pero no es así. El Gobierno andaluz se precipitó al restarle importancia al hecho de que la deuda se finiquitase con la entrega de suelos en vez de con una remesa de euros que hicieran posible su utilización inmediata en los objetivos concretos decididos por la Junta. Al Gobierno de la nación le resulta enormemente difícil detraer, en la actual situación de déficit público, una partida ciertamente notable para pagar a la Junta en dinero contante y sonante. La posibilidad de sustituir el dinero por solares le viene bien al Gobierno, pero no tanto a la Junta. De hecho el problema actual es que la valoración de los terrenos difiere entre unos y otros gobernantes socialistas, y difiere nada menos que en 100 millones. Ya Griñán habla de la posibilidad de acudir a una tasación independiente. El caso es que el tiempo se acaba y la deuda no termina de liquidarse en condiciones.

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