COMO señala el artículo 67.2 de la Constitución, en nuestro sistema parlamentario rige el mandato representativo. Eso quiere decir que los parlamentarios españoles representan por sí mismos la voluntad popular y pueden votar lo que estimen conveniente, sin tener que preguntar a sus electores y sin tener que responder ante ellos. De tal naturaleza de su encargo, sólo excepcionalmente imperativo, deriva que el escaño le pertenece a cada parlamentario, gozando, pues, de una teórica libertad de voto y de adscripción.

Es cierto, no obstante, que después la férrea disciplina de los partidos altera el mandato legal: son las estructuras de poder de éstos las que acaban imponiendo sus decisiones y mutando el sentido de la arquitectura constitucional.

El debate alcanza especial trascendencia en momentos complejos. Así, la política de pactos es asunto que gestionan y acuerdan las cúpulas de los partidos, sin la más mínima consulta no ya a sus votantes, sino ni tan siquiera a sus propios diputados y senadores, apropiándose de este modo de una soberanía que normativamente no les pertenece.

Hay coyunturas, ésta es una, en las que, por su extrema dificultad, surge la tentación de legitimar el propio criterio con los votos, por ejemplo, de la militancia. Es lo que acaba de proponer Pedro Sánchez. Pero el recurso, que puede parecer impolutamente democrático, no deja de esconder una falacia. ¿Qué pasa si en una provincia concreta se opta por una vía distinta a la de la jerarquía? ¿A quién debe atender el diputado concernido? ¿A sus electores o a una suma estatal en la que no todos han contribuido de igual forma al peso real de las siglas en las Cortes? Desde la ortodoxia de los preceptos la cosa está clara: cada parlamentario debe decidir con plena libertad de voto que alternativa apoya. Todavía más si conoce el sentir preciso de sus votantes directos.

Por ello, entiendo que en la estrategia de Sánchez hay una fisura: apelar a la militancia habrá de servir mucho más a los parlamentarios que al partido. Supongamos, y no es mucho suponer, que la militancia socialista se manifiesta en Andalucía en contra del pacto con Podemos. ¿Quién convence entonces a Susana de que los 22 parlamentarios socialistas andaluces no son autónomos y de que deben someterse a alianzas en las que aquí no se cree? Sería, por otra parte, lo más ajustado a ley. Y si jugamos a hiperdemócratas y a cercanos, que sea con todas sus consecuencias.