EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, coincidieron ayer, durante el acto solemne de celebración del aniversario de la Constitución, en la defensa del texto constitucional y su vigencia para los próximos años. Aunque las posiciones a favor de la reforma constitucional, como la asumida por el secretario general del PSOE, son igualmente legítimas y respetables y la propia Carta Magna consagra la posibilidad de ser cambiada y los mecanismos jurídicos precisos para hacerlo, la realidad es que no se dan en la España actual las condiciones necesarias para una reforma que ponga al día y renueve algunos de sus postulados. La principal condición es el consenso mayoritario de las fuerzas políticas y la sociedad española en su conjunto: debe ser igual o superior al muy generalizado que logró en 1978 el texto vigente, elaborado mediante un gran pacto nacional con cesiones y altura de miras y votado masivamente por los españoles que consolidaron así el sistema democrático surgido de una transición modélica a partir de un régimen dictatorial. Ni las relaciones entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, permiten abrigar esperanza alguna de resucitar aquel consenso ni sus posiciones ante una hipotética reforma constitucional son coincidentes ni aproximadas. Todo lo contrario. Baste una muestra: la concepción de socialistas y populares sobre el problema de la configuración territorial del Estado y las relaciones del poder central con las comunidades de vocación nacionalista son opuestas. De este modo, el horizonte de una reforma de la Constitución se antoja lejano en el tiempo. Lo cual no quiere decir que sea imposible o que haya que rechazarla en todo momento y circunstancia. La Constitución debe ser susceptible de adaptación a los nuevos tiempos y revisión de sus planteamientos más deudores de las circunstancias concretas en que se aprobó. Pero, hay que repetirlo, se hará cuando haya consenso al respecto y a través de los mecanismos que la misma Constitución establece.