La tribuna

Eduardo Sánchez-Ramade

La reforma del Poder Judicial

HEMOS asistido en las últimas fechas a dos acontecimientos que afectan de manera directa a la imagen de nuestro Poder Judicial: por un lado, la apertura por el Tribunal Supremo de tres causas frente a un magistrado de la Audiencia Nacional. Por otro lado, un nuevo intento frustrado en el Tribunal Constitucional (pendiente de renovación en parte de sus miembros por falta de acuerdo político) de sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña.

Tales acontecimientos son el colofón de un largo proceso, difícil de sintetizar aquí, que arroja como resultado el que el 65 % de los ciudadanos tengan una percepción de nuestra Justicia como politizada (Metroscopia). Por otro lado, y en paralelo con lo anterior, persiste el gran problema de fondo de nuestra Justicia: la lentitud. Este problema endémico es de igual o mayor gravedad que el anterior, pues afecta a la Justicia "real", esto es, a los procedimientos que atañen al ciudadano en su día a día. En estos momentos de falta de liquidez en los mercados, el problema de la lentitud de la Justicia tiene, si cabe, aún mayor importancia, pues, como veremos, el atasco de los Tribunales ejerce un terrible efecto sobre lo que se ha venido en denominar la economía "real".

Comenzando por el primero de los problemas enunciados, la opinión pública se ha acostumbrado a que sus Jueces y Magistrados sean divididos, con toda normalidad, entre progresistas o conservadores y a que la sociedad (aquí está lo grave y la anormalidad democrática) presuma cuál va a ser el resultado del voto de cada uno de tales magistrados en función de la ideología que le han atribuido o en función del partido político que lo ha propuesto para el cargo. Tal actitud supone la aceptación de que el magistrado o juez en cuestión ha perdido su independencia o, en otras palabras, que no está sometido únicamente al imperio de la ley, conforme proclama nuestra Constitución.

Tal percepción perjudica claramente el normal funcionamiento de la Justicia, así como a su credibilidad frente al ciudadano (que se verá tentado de extrapolar la situación general a su caso particular) y aunque nuestros jueces y magistrados se están encargando de demostrar que conservan su plena independencia, sería conveniente que las fuerzas políticas aprovechen la actual situación para poner las bases de un nuevo periodo en nuestro Poder Judicial.

Es en los periodos de crisis cuando las carencias salen a relucir con toda su crudeza y es responsabilidad de todos aprovechar tales momentos para impulsar las grandes reformas pendientes, con amplitud de miras y partidismos aparte. Pero es fundamental que la reforma no se limite a cambiar la percepción que la sociedad española tiene de nuestra Justicia como politizada, sino que tal reforma debe incidir, igualmente, en la necesidad de dotar de más medios materiales, humanos y técnicos a nuestro Poder Judicial, avanzando de forma decidida en el proceso de modernización.

Y no me refiero sólo a la promulgación de nuevas normas (ayer entró en vigor la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial), sino a que tales medidas vayan acompañadas de las correspondientes inversiones económicas, lo que permitirá su efectiva puesta en práctica, con el máximo rendimiento. Cabe recordar que los presupuestos generales del Estado dedican un 1% a la Administración de Justicia, mientras que la media de los países europeos se sitúa en el 3,5 % y, por otro lado, la proporción de Jueces en España se sitúa en 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en 20.

En mi opinión, tales reformas no sólo redundarían en beneficio de la Administración de Justicia y en la consiguiente agilización de los procedimientos y recursos, sino que también tendrían un efecto muy positivo, a corto y medio plazo, como medida de lucha contra la crisis económica. Debe saberse que cada procedimiento judicial bloqueado implica una inversión, recurso económico o proyecto empresarial congelado (con las consiguientes repercusiones para el empleo). Y tal afirmación se hace más patente aún en los juzgados de lo Mercantil, desafortunadamente atascados como consecuencia de la crisis económica.

Sin embargo, un desatasco de tales tribunales (bien mediante la creación de nuevos juzgados, bien mediante la dotación de más medios a los ya existentes o bien mediante la aplicación de ambas medidas simultáneamente) tendría, sin duda, un efecto a corto plazo para la economía "real".

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