ANDALUCÍA es la comunidad con mayor nivel de desempleo dentro del país con mayor volumen de paro de la UE, donde la proporción que representan los parados con respecto a los que quieren trabajar, es decir, la tasa de paro, está a punto de superar el 20%. Lo que sí se ha conseguido es situarnos por debajo del 50% en la proporción entre ocupados y personas mayores de 16 años, lo que significa que ya hay más gente que depende de los ocupados que ocupados propiamente dichos. Y esto sin descontar el empleo en instituciones públicas y semipúblicas, que no solamente no contribuyen a las arcas públicas porque están exentas de impuestos, sino que además la mayoría recurren a la financiación pública, es decir, a las contribuciones que realiza un sector privado cada vez más endeble y sobrecargado. En cualquier caso, nos encontramos ante cifras que más bien parecen propias de la prehistoria de la reforma laboral, cuando angustiados por las consecuencias de la crisis de los 90 se decidió que había que hacer lo que fuese necesario para que tasas de paro superiores al 20% (30% en Andalucía), no volviesen a producirse jamás.

Sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones se pusieron a trabajar en un programa de reformas laborales que llevó a modificar las modalidades de contratación, a reducir los costes de despido, a reformar el Inem, dando entrada al sector privado en la intermediación laboral... Los resultados fueron espectaculares desde el principio, consiguiéndose reducir la tasa de paro más de 10 puntos en sólo 10 años, tanto en Andalucía como en España.

El problema, frente al que muchos se limitaban a mirar para otro lado, era que el empleo que se estaba creando era inestable, mal remunerado y, por consiguiente, poco productivo. La productividad caía al mismo ritmo que se creaba empleo y los estudios que publicaban los expertos intrigados por el fenómeno sentenciaban que, por ejemplo, las regiones que ganaban competitividad en Europa eran las que conseguían simultáneamente generar empleo y aumentar la productividad; o que la convergencia en renta por habitante se transformaba en divergencia cuando se trataba de productividad, es decir, que la brecha entre las regiones más productivas y las menos continuaba ampliándose.

Además se constataba que el empleo más cualificado y también el mejor remunerado tendía a concentrarse en el centro de Europa y que la mayor proporción de mano de obra con bajos niveles de cualificación y productividad en las regiones periféricas explican el diferencial de remuneración y de estabilidad en el empleo, así como la menor disposición de las empresas a considerar su plantilla como capital humano, como un activo de garantía ante el futuro, que hay que mantener a toda costa frente a la crisis. Andalucía forma parte de la periferia europea y la enseñanza que necesariamente debemos extraer de esta experiencia es que los objetivos de empleo de la reforma laboral del futuro deberán fijarse también en términos de estabilidad y mejoras de productividad.