Opinión

Mario Jiménez Díaz

Una reforma que nos beneficia a todos

EL Pleno del Parlamento de Andalucía aprobará en su sesión de hoy la ley de reordenación del sector público andaluz. Estamos ante una importante reforma que nos beneficia a todos, porque con ella conseguimos una mayor eficacia y eficiencia en la administración de los servicios públicos. Tanto los trabajadores de la Administración como los usuarios, es decir, todos los ciudadanos, salen ganando, viendo reforzados sus derechos con esta norma.

El ahorro y la calidad son los dos motores que han impulsado estos cambios. Vivimos momentos que nos exigen austeridad y racionalización de los recursos y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño. El ahorro, en este caso, vendrá de la mano de la reducción de 111 empresas públicas y de la eliminación de 180 puestos directivos, todo ello manteniendo los empleos de las personas que prestan servicio en la Administración Pública andaluza, sin despidos, sin pérdida de derechos y apostando por mantener los altos niveles de calidad del estado del bienestar que disfrutamos en Andalucía. Quizá sea conveniente repetirlo una y mil veces: ningún trabajador público de la Junta será despedido. Ninguno. Y esto es así, porque en Andalucía no vamos a privatizar lo público, como sí pretende hacer el Partido Popular.

Culmina así un proceso en el que han participado los principales agentes del sector público andaluz. Durante la tramitación parlamentaria de esta norma, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Ustea, junto a colectivos ciudadanos, como Facua, Al Ándalus, UCA-UCE o CAVA han tenido la ocasión de comparecer en el Parlamento para expresar su punto de vista y realizar aportaciones al texto legislativo.

Quien ha querido aportar ha aportado. Quien ha querido disipar sus dudas, ha podido concretar los aspectos que precisaban de una mayor aclaración. Quien ha querido reforzar algunas garantías, ha contado con nuestro apoyo para defender y ver protegidos sus derechos. Como grupo político impulsor del proyecto de ley, los socialistas hemos mantenido abiertos distintos canales para favorecer el diálogo con el resto de grupos, buscando el acuerdo y el consenso en torno a un asunto de vital importancia para el futuro de nuestra tierra. Un acuerdo que, mucho nos tememos, no será unánime vista la actitud desleal, el oportunismo y la hipocresía del PP, un partido que aquí en Andalucía clama contra una reordenación que garantiza lo público, mientras privatiza servicios allí donde gobierna.

Sea como fuere, con mayor o menor apoyo por parte de la oposición, estamos a punto de aprobar una ley que es fruto del diálogo, la negociación y el acuerdo. Porque la ley de reordenación del sector público andaluz cuenta con el aval de CCOO y UGT, los sindicatos más representativos entre los trabajadores públicos de la Junta, e incorpora demandas de colectivos ciudadanos, que gracias a esta ley tendrán voz en las agencias públicas, participando en su control efectivo y haciéndolas más transparentes si cabe.

Trabajadores de la Administración y usuarios de servicios públicos, a unos y otros, me gustaría dirigirme, desde las páginas de este diario, ahora que todas las cuestiones han quedado aclaradas en el texto legal, pues todas y cada una de las proclamas lanzadas contra la reforma se han venido abajo derribadas por la fuerza de esta ley.

El texto está a la vista de todos. Las enmiendas del Grupo Socialista están disponibles en internet (www.psoeandalucia.com, sección Grupo Parlamentario Socialista, apartado Documentos de Interés) desde el pasado 28 de enero, fecha en la que fueron registradas en el Parlamento. Cualquier persona, sin intermediarios, ha podido consultar los documentos, formarse su propia opinión, sin posibilidad alguna de manipulación. Hemos desmontado, una por una, todas y cada una de las falsedades y las mentiras. Ya no hay malentendidos, quedan, si acaso, malas intenciones por parte de quien ha quiero entorpecer el proceso.

Ni despidos, ni privatizaciones, ni enchufismos, ni ejercicio de potestades públicas por personal no funcionario... La transparencia disipa cualquier cortina de humo. Frente a los infundios y los burdos intentos de confundir a los trabajadores del sector público y a la ciudadanía en general, el trabajo serio, riguroso y leal de un gobierno plenamente comprometido con lo público, como se demuestra en esta ley.

Poco más queda por decir. Hemos actuado de manera responsable, convencidos de la necesidad y la idoneidad de esta reordenación. Seguiremos haciéndolo hasta el momento en que se produzca la votación final de esta ley en el Parlamento de Andalucía, dando a conocer sus objetivos, su extensión, sus contenidos en detalle, cuántas veces sea necesario. Porque hay mucho en juego.

Quisiera terminar con un mensaje a todos aquellos que, a pesar de las explicaciones, aún se vean movidos a la protesta. Me gustaría invitarles a recordar la fábula de Pedro y el lobo y les pediría que, antes de poner en juego su credibilidad, busquen a la bestia que anda agazapada entre las pancartas, el lobo que permanece al acecho, ese que ha confesado, en voz baja, que enviaría al paro a más de 25.000 empleados públicos de Andalucía.

Arenas es todo hipocresía e impostura. Mientras en Andalucía ha pretendido engañar a los andaluces diciendo que esta Ley abría la puerta de atrás a la entrada de personal no funcionario en la función pública, cosa que es absolutamente falsa, en Galicia el PP instaura por ley el enchufismo, la puerta de atrás y el coladero. El pasado 10 de febrero el BOE recogía la remodelación de la ley de la función pública de Galicia, donde puede leerse que "el personal laboral fijo que esté desempeñando puestos de trabajo o realice funciones de personal funcionario (…) será objeto del correspondiente proceso selectivo de promoción interna (…) y adquirirá la condición de personal funcionario de carrera". Poco más se puede decir.

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