EL Ayuntamiento de Sevilla, responsable legal del permiso que cada año se otorga al Consejo de Hermandades y Cofradías para el montaje y explotación de los palcos y sillas de la Semana Santa, tiene desde el pasado mes de abril un informe jurídico, elaborado por el secretario municipal, garante de la legalidad de las actuaciones municipales, en el que por primera vez, y a requerimiento del Primer Teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, se desvela lo que sotto voce ya se conocía desde hace años: el Consistorio no es nada estricto a la hora de controlar la instalación de la llamada carrera oficial. La situación no es nueva. De hecho, viene de antiguo: ninguno de los sucesivos gobiernos locales, con independencia de su signo político, ha sido capaz de algo tan esencial como hacer cumplir su propia normativa en relación a esta cuestión. El ejecutivo presidido por Monteseirín viene desde hace años alertando de la necesidad de reformar la carrera oficial para garantizar la seguridad colectiva. Una demanda que hasta ahora no ha pasado de lo retórico y que casi siempre ha sido acogida con una tranquilidad que contrasta con la alarma provocada por los episodios -afortunadamente puntuales- producidos en los últimos tiempos durante la Madrugada de nuestra Semana Mayor. El dictamen, elaborado con posterioridad al permiso dado este año para la carrera oficial, es categórico: es necesario que se acometa un proyecto integral de este espacio ciudadano por un técnico competente que, entre otras cuestiones, garantice la seguridad de las miles de personas que se concentran alrededor del itinerario oficial por donde pasan todas las cofradías. Dicha petición, dirigida al Consejo de Hermandades, viene reiterándose por parte de los técnicos desde hace al menos un lustro, sin que hasta ahora haya sido atendida. Huelga decir mucho más: el Consistorio, que, según su propio secretario, otorgó este año el permiso de ocupación sin los requisitos necesarios, no puede volver a mirar para otro lado en un tema tan trascendental. Urge, por tanto, que se inicie un proceso de regularización inmediato en el que, sin apriorismos ni condicionantes, se encuentre una salida a la situación. Sería deseable que esta cuestión se resolviera de forma consensuada entre las partes. Es, además, posible. Hay tiempo. Pero resulta también obvio que el Ayuntamiento ya no puede volver a hacer dejación de sus funciones. La seguridad colectiva debe ser la prioridad de todos. La Semana Santa, una de las señas de identidad de nuestra ciudad, exige que se haga este esfuerzo. Es el momento.