NO dudo de que haya que acometer una reforma del sistema de pensiones, pues los parámetros económicos y demográficos que dan cuerpo a nuestro actual sistema han cambiado sustancialmente, pero ¿están bien explicadas cuáles son las verdaderas causas de la urgencia de esta reforma?

Se ha hablado de la necesidad de reducir el déficit, impuesta por el entorno europeo, los mercados u otros organismos, donde se incluyen otras recomendaciones como la reforma del mercado de trabajo o la reducción del gasto publico, aunque también razones demográficas, ante la tendencia hacia un envejecimiento de la población y menor proporción de futura población activa.

En un informe auspiciado por Fedea, de marzo de 2010, que firman cien economistas, se han abordado una serie de cuestiones sobre la reforma de las pensiones, entre ellas las de carácter demográfico, la necesidad de equidad, la cuantía de las mismas, los mecanismos que garanticen las pensiones futuras, aunque también la necesidad de que la reforma sea complementaria y coherente con otras reformas como la del mercado de trabajo, pero indicando que esta debe hacerse con "tiempo, calma, conocimiento y oportunidad" y "plantearse de forma global".

La propuesta presentada por el Gobierno dista mucho de ser clara y completa, motivada por la urgencia de dar respuesta a las exigencias externas, girando ésta sobre todo en el aumento de la edad legal a 67 años y el cómputo de años, en un ejemplo de simplificación pasmosa, introduciendo ahora, cierta flexibilidad a la luz de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que se ha cerrado sin acuerdo en cuanto la edad legal.

Recientemente Fernández Cordón ha puesto de manifiesto que el cambio demográfico, que supone el envejecimiento de la población en horizonte 2048, no altera la actual tasa de dependencia, por lo que el mayor envejecimiento podrá ser suplido por una mayor tasa de actividad y de empleo, llegando a la conclusión de "que la disminución futura de la población en edad de trabajar no representa ninguna amenaza para el sistema de pensiones, siempre que aumente el empleo; si problema hay, no es demográfico".

Luego van quedando en evidencia que las medidas perseguidas por el Gobierno sólo pretenden disminuir el gasto, a pesar de que el Fondo de Reservas de la Seguridad Social goza de buena solvencia a corto plazo. No cabe duda de que, si analizamos los datos, éstos revelan que el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha experimentado una importante caída en los últimos dos años, fruto de la pérdida de empleo, lo que lógicamente ha originado un descenso de las cotizaciones, siendo los de pensionistas a octubre de 2010 8.711.406, de los que el 59,3% son pensiones de jubilación con una pensión media 889.35 euros al mes.

A la vista de este panorama, no podemos pensar que la necesidad de la reforma revista una urgencia vital, y que ésta deba hacerse barajando las previsiones a largo plazo y con todos los escenarios y estimaciones en la mano, para hacer frente al escenario futuro del aumento de población beneficiaria y la mayor esperanza de vida, e introducir las reformas necesarias con la mayor claridad y consenso. Este debe ser el marco de la reforma y de los ajustes necesarios, sin urgencias y con rigor.

En los países de nuestro entorno, con sistemas de protección social, se están abordando reformas, en algunos casos ampliando la edad legal, como en Francia, Alemania y Austria. Aunque en Bélgica e Italia la edad legal está en 65 años pudiendo acceder a la jubilación a partir de los 60 años siempre que se tengan 35 años cotizados. Otros países como Chipre, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Portugal tienen actualmente edad legal similar a la de España, concluyéndose que la edad legal actual existente en España no difiere ni es inferior a la del resto de los países, por lo que quizás no sea este el único elemento sobre el que hacer pivotar la reforma. Además de las anteriores, existen otras medidas que están siendo puestas en marcha por algunos países: aumento de años de cálculo y de años cotizados, revisión del mecanismo de indexación, incentivos a la permanencia en el sistema.

El próximo escenario del sistema de pensiones, dentro del modelo de garantía redistributiva que inspira al de nuestro país, debería revisarse entre un mix de variables, abordándose con un conocimiento completo de todas las variables que intervienen y sus proyecciones futuras, con la participación mas amplia posible de agentes sociales y expertos, y no partiendo premisas preconcebidas o de propuestas parciales, escasamente solventes y explicadas, como el exclusivo aumento de la edad legal.

Por qué no ir hacia un modelo flexible, en cuanto a la edad mínima legal a partir de los 60 años de forma voluntaria, siempre que se reúna un mínimo de años de cotización (40), ampliando la base de cálculo, acercando las cotizaciones a los salarios reales, primando la permanencia voluntaria en el mercado, y no permitiendo generosas prejubilaciones. Estas medidas contribuirán a la entrada en el mercado de trabajo de jóvenes y de la importante población en edad de trabajar que se encuentran en situación de paro.