LA conjunción de la crisis financiera y el hundimiento del sector de la construcción, pilar de la actividad productiva de nuestro país hasta el año 2008, unida a la falta de iniciativa privada inversora y de la ausencia de políticas estimuladoras del crecimiento, ha generado una recesión económica en España cuyo precedente más inmediato es el de finales de lo años setenta del pasado siglo.

La crisis económica ha tenido una incidencia extremadamente negativa en las administraciones públicas españolas. Básicamente son tres que se han generado por efecto dominó: a) El importante descenso de los ingresos tributarios. El descenso de la actividad productiva y la contracción de la demanda ha producido en la Administración central una disminución recaudatoria de 150.000 millones de euros (2007) a 90.000 millones (2011). b) Los desequilibrios o déficit presupuestarios generados. El saldo de operaciones no financieras de las liquidaciones presupuestarias de la Administración central, que mide la capacidad o necesidad de financiación presupuestaria, que hasta el año 2007 mostraba excesos de financiación, ha evolucionado a necesidades o déficit financieros a partir de 2008. Para cubrir estas carencias financieras y para el apoyo al sector financiero y a otras administraciones, el Estado ha concertado deudas públicas por 88.216, 149.479, 113.295 y 97.992 millones de euros del año 2008 al 2011. c) El aumento de la deuda tributaria. La tendencia de decrecimiento existente se rompe en el ejercicio 2008, aumentando constantemente hasta llegar a fin del año 2011 con un volumen de 735.000 millones de euros, prácticamente el doble del existente en 2007. La carga financiera de esta deuda supone 71.604 millones de euros en los Presupuestos del Estado de 2012, lo que significa el 71% de los ingresos de operaciones no financieras.

La dramática conclusión es la insostenibilidad presupuestaria. Su equilibrio es inviable de lograr sino llevando a cabo muy draconianas reducciones del gasto publico. Ante esta situación es ineludible e inexcusable el comenzar por el Estado español la ejecución de políticas económicas tendentes a la estabilización económica y al crecimiento productivo. Para la materialización de estas actuaciones económicas es imprescindible la reforma tributaria y la emisión de eurobonos por el BCE que posibilite la regeneración financiera del sector público español.

El paralelismo existente con la situación de España en 1977 es amplio. Entonces España estaba sumida en una crisis económica como consecuencia de la crisis de 1973 que nos llegó con retardo: una inflación del 44%, unos tipos de interés del 24%, un elevando endeudamiento de las empresas y un paro del 7% (excesivo en aquel entonces e irrisorio con la tasa de paro actual del 25%) como consecuencia de la crisis y del regreso de la inmigración española. La responsabilidad de los partidos políticos y de los sindicatos posibilitó el acuerdo de los Pactos de la Moncloa elaborados por el eminente profesor Fuentes Quintana, en funciones de ministro de Hacienda en el Gobierno de Adolfo Suárez. En el acuerdo, con medidas económicas estabilizadoras, políticas y sociales, se contempló un instrumento que se consideró esencial para la construcción del nuevo sistema político democrático y para nuestra armonización con los países occidentales: la elaboración de un nuevo sistema tributario que sustituyera al existente que databa de la reforma de 1845. Su materialización fue una condición básica para dotar a los españoles de un mayor bienestar.

Hoy es aún más preciso un acuerdo nacional ante la des-vertebración económica, social y también política. Se necesita culminar la estabilización económica ejecutada de facto en salarios, con la bajada en los precios de los servicios básicos. Desde el año 2007, la reducción de las rentas salariales ha sido del 23%, mientras que los precios energéticos, bancarios, de seguros, alimenticios, etc, han experimentado un aumento del 15%.

La reposición de los ingresos tributarios a las cotas del ejercicio 2007 es indispensable y posible para el logro de los equilibrios presupuestarios y para la financiación de políticas económicas tendentes al crecimiento, pues no es de esperar que la iniciativa privada pueda ser la impulsora de la dinamización económica que logre el descenso de las altísimas cifras de desempleo.

La disminución de los gastos públicos basada en una austeridad con recortes indiscriminados en los servicios públicos origina más desempleo, retracción en la demanda y perjuicios sociales; ni tampoco parecen éticos socialmente mientras nuestro sistema tributario se caracterice por su falta de equidad impositiva al descansar la imposición en las rentas del trabajo en un 75%.

El sistema tributario ideado por Fuentes Quintana basado en tributos personales, de equidad progresiva, eficientes y neutrales, sufrió a partir de 1988 merced a los nuevos vientos conservadores una contra-reforma en la que predominó la eficacia frente al criterio de equidad: se recayó el peso de la presión fiscal del IRPF en las rentas del trabajo; el impuesto de patrimonio fue desactivándose; se procedió a un paulatino traslado de la imposición directa a la imposición indirecta (creación de IVA e impuestos especiales); y en la Agencia Tributaria comenzó una disminución de medios que posibilitó el auge desmedido del fraude fiscal en nuestro país. En la actualidad las "sugerencias" procedentes del FMI y de la CE de subida del IVA y del aumento de tasas y precios públicos y las previstas en el incremento del IBI urbano no son acertadas ni éticas: la disminución del poder adquisitivo del gran conjunto de la ciudadanía asalariada no puede absorber una mayor presión tributaria en los que los índices de morosidad tributaria son crecientes.

La lucha contra el fraude fiscal y una profunda reforma de nuestros sistemas tributarios en los tres ámbitos en los que se materializa (el central, los autonómicos y los locales) es de ineludible e inaplazable necesidad.