VISTO el contenido de la propuesta para un pacto educativo del ministro de Educación, creo que cabe decir que el señor Gabilondo sabe perfectamente cuáles son las medidas que precisa nuestro sistema educativo para salir de su lamentable estado actual, pero también que no se atreve ni tan siquiera a proponerlas. El documento presenta diez irreprochables objetivos y propone nada menos que ciento cuatro medidas para alcanzarlos. Buena parte de esas medidas son sólo declaraciones de intenciones ya expuestas en anteriores documentos ("promover la cultura de paz y no violencia", "realizar campañas para aumentar la consideración social del profesorado"), sin que hasta el momento se hayan concretado en medidas reales y eficaces; es decir, pura retórica. Para resolver los gravísimos problemas existentes en esos aspectos serían necesarias medidas legales concretas, y de ellas nada se menciona.

En todo el documento se proponen tan sólo unas leves modificaciones estructurales en la Secundaria Obligatoria, consistentes en incrementar el carácter orientador del cuarto curso, al que se dotaría de dos opciones, una orientada al Bachillerato y otra a la Formación Profesional. También al final del tercer curso se propone introducir la posibilidad de repetirlo o pasar a un programa de formación profesional inicial. Estas medidas, las únicas concretas de todo el documento, apuntan en la dirección correcta, pero pecan de muy insuficientes. Sería ya al comenzar tercero donde deberían ofrecerse unos itinerarios académicos claramente diferenciados, si queremos dar una salida eficaz a los distintos intereses y proyectos vitales de nuestros alumnos.

Por otra parte, y en contra de lo afirmado por el ministro, esas propuestas dejan a nuestro escuálido Bachillerato como está, es decir, con tan sólo dos cursos de duración, como el más corto de Europa. Sin embargo, y pese a su timidez, estas medidas ya han hecho saltar las alarmas de los pedagogos ortodoxos, que las tildan de segregadoras. Al parecer, el que desde la implantación de la Logse no haya hecho sino crecer el número de adolescentes que abandonan prematuramente la enseñanza no les hace dudar de sus archifracasadas teorías.

Pero no es sólo la vaguedad y timidez de las propuestas del citado documento lo que hace pensar que el Gobierno no tiene la menor intención de negociar seriamente para alcanzar un pacto educativo. Hay también otras muestras de que sus verdaderas intenciones son insistir en los errores propios de la pedagogía oficial de los últimos años.

Por ejemplo, que al mismo tiempo que el Ministerio presenta su propuesta de pacto educativo, la Consejería de Educación andaluza se apresure a aprobar un nuevo Reglamento Orgánico de Centros. Un reglamento que, además de contar con la oposición frontal de los docentes de Secundaria, es claramente contradictorio con la actual Ley Orgánica de Educación. Y es contradictorio con ella no en el pretendido sentido reformador de las tímidas y escasas propuestas concretas para un pacto educativo, sino precisamente en el contrario. Porque ese reglamento pretende dejar en manos de los directores de los centros la posibilidad de suprimir los departamentos didácticos cuya existencia viene recogida en la Ley Orgánica de Educación, y cuyas atribuciones se relacionan nada más y nada menos que con la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las materias en que queda estructurado el currículo en la enseñanza Secundaria. Es decir, se pretende imponer un modelo de funcionamiento más próximo al de los centros de Primaria, rebajando todavía más los niveles académicos de los ya devaluados institutos.

Además, resulta que entre las ciento cuatro medidas propuestas para el pacto, se incluyen dos que no parecen otra cosa que un intento de blindar de tapadillo ese mismo reglamento, porque están sacadas literalmente de él. Así, la número cuarenta y dos dice: "Dotar de mayor autonomía a los centros para el diseño de agrupamientos, organización de horarios y tareas docentes, conexión interdisciplinar del currículo y el desarrollo de proyectos propios de innovación, investigación y experimentación en materia de educación"; y la cuarenta y cinco: "Analizar los sistemas de selección y formación de los equipos directivos para lograr una mayor profesionalización en el desarrollo de sus funciones, ligadas a una mayor autonomía curricular, económica y organizativa". Resulta altamente significativo que partes del controvertido reglamento que la Consejería de Educación andaluza pretende imponer se presenten como propuestas para un pacto.

En suma, la pretendida voluntad de consenso, en realidad, esconde un nuevo intento de los pedagogos oficiales por imponer a los centros de Secundaria unos métodos de funcionamiento que ya se han mostrado repetidamente catastróficos.