LAS dificultades financieras autonómicas se extienden por el Mediterráneo. Primero fue la Comunidad Valenciana, después Murcia y ahora es Cataluña la que anuncia su intención de pedir ayuda. Habrá más y el Gobierno parece dispuesto a echar un cable a quien lo necesite, a pesar de no tener dinero para atender sus propios compromisos que, según estimaciones de Bloomberg, estarían en torno a los 140.000 millones, de los que aproximadamente 18.000 serían intereses y el resto amortizaciones de bonos del Estado, letras del Tesoro y préstamos al ICO y al FROB. A esta cifra habría que añadirle la financiación del déficit esperado para este mismo año y el coste de la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que significa que el boquete financiero del Estado para este año superará los 200.000 millones.

El Gobierno de España, respaldado por un partido hostil a la descentralización política, y el de Cataluña, cuyo objetivo irrenunciable para esta legislatura era el cupo fiscal, deciden en un ejemplar ejercicio de responsabilidad, aunque también acuciados por las especiales circunstancias financieras, comenzar a entenderse y afrontar juntos el problema. La prudencia aconseja, no obstante, desconfiar de las apariencias y pensar que detrás de ellas podría existir algún objetivo oculto. Se me ocurre, por ejemplo, que el Gobierno podría intentar aprovechar la oportunidad para enfriar las aspiraciones fiscales catalanas y, de paso, el debate independentista en aquella comunidad, pero todavía se puede ser más suspicaz sobre las posibles pretensiones de la Generalitat.

No sería difícil presentar la petición de ayuda como evidencia de fallos estructurales en la organización política del Estado, especialmente en el sistema de financiación autonómica. Cataluña podría presentarse como un proyecto insostenible de autogobierno por la asimetría de un sistema fiscal que descentraliza la gestión de servicios públicos financiados con recursos insuficientes, nuevamente ejemplificado por la sanidad, pero que mantiene centralizadas las funciones recaudatorias. La solución no puede ser otra que la corrección de la asimetría e implantar un sistema de cupo similar al vasco y al navarro, pero en el que, por tratarse de un juego de suma 100, no caben todas las comunidades. Habría que retomar la idea de un Estado asimétrico en el que, como algún político catalán se ha encargado de adelantar, el sistema de cupo se limite a Cataluña y Galicia. Para el resto se aceptaría un proceso de recentralización que el Partido Popular podría recibir de buen grado, aprovechando que gobierna en la mayoría de ellas. Lo apuntaba con toda claridad The Wall Street Journal el pasado mes de abril: "Las amenazas de Madrid de recentralizar la política fiscal parecen una jugada política que distrae de las reformas que de verdad podrían ayudar a los gobiernos regionales a acabar con sus déficit presupuestarios". La única pieza que falta es Andalucía, cuya insumisión financiera podría condenarla al ostracismo autonómico, aunque detrás de este razonamiento no exista más fundamento que el calentamiento mental propio de la época.