LA decisión del BCE de intervenir en el mercado de deuda soberana con el fin de frenar la escalada de la prima de riesgo y tipos de interés en España e Italia difiere significativamente del modelo convencional de rescate financiero aplicado en los acasos de Grecia, Portugal e Irlanda, pero no deja de ser un rescate en toda regla. La diferencia es que en esta ocasión no hay trasferencia de fondos a cambio de intervención en la dirección de la economía, pero se incluye la exigencia de solicitud y aceptación de condiciones que todavía están por determinar. La condicionalidad y la posibilidad de una intervención sistemática es lo que diferencia la propuesta de Draghi de las anteriores operaciones de compra de deuda en el mercado secundario, así que si España quiere seguir disfrutando de la relativa calma instalada en los mercados desde anuncio de que el BCE hará todo lo que sea necesario para defender el euro, tendrá que aceptar un nuevo estrechamiento del cerco sobre las cuentas del sector público. Esto no significa modificar el calendario de ajuste, pero sí una mayor interferencia en las decisiones de gobierno (los temidos hombres de negro), un aumento significativo de los controles y seguramente también cambios en las estadísticas financieras.

Que España todavía se plantee si aceptará el rescate no es ni una fanfarronada política ni una jugada electoral de cara a los comicios otoñales. La propia Merkel aconsejó a Rajoy durante su reciente visita una valoración serena de las ventajas y los inconvenientes del rescate. Los mercados no dejan de sorprendernos, lo que significa que tenemos un conocimiento muy limitado sobre su funcionamiento y que anticipar reacciones resulta complejo y arriesgado, por lo que conviene ser prudente a la hora de considerar si estamos ante el tipo de medida que puede acabar con la asfixia financiera que padece el país y comenzar a forzar el giro definitivo que necesita la economía. Lo que se puede afirmar es que los efectos de las anteriores adquisiciones de deuda por parte del BCE fueron efímeros, aunque también es cierto que siempre fueron operaciones orquestadas en situación límite y sin continuidad. Por otra parte, el maltrato de los mercados a las economías española e italiana parece ir bastante más allá de lo que puede atribuirse al estado de sus equilibrios económicos fundamentales, al menos en términos comparados con los de otros países, y desde luego ignoran los esfuerzos reformadores que se están realizando, como recordaba amargamente el presidente italiano.

De todas formas, el gobierno de España tendrá que esperar a conocer los términos exactos de la estricta condicionalidad a la que hacía referencia Mario Draghi durante su presentación. En los casos de Grecia, Irlanda y Portugal obligaron a importantes subidas de impuestos (los tres tienen el IVA en el 23%) y a recortes salariales en el sector privado que con toda probabilidad están contribuyendo a frenar la recuperación. Grecia e Irlanda están llevando a cabo una drástica reducción del número de funcionarios (nada menos que 150.000 en el caso de Grecia), mientras que los portugueses insisten en reducir salarios públicos. Portugal e Irlanda han conseguido correcciones espectaculares del déficit público entre 2010 y 2011 (desde 9,8 al 4,2% y desde 31,3% a 13,1%, respectivamente), mientras que en Grecia está resultando más complejo. Portugal también ha conseguido invertir la tendencia de la prima de riesgo, que no ha dejado de descender en lo que va de año, mientras que Irlanda consiguió tan sólo hace un par de meses volver con éxito a colocar deuda en los mercados de capitales. En todos los casos, sin embargo, se han visto obligados a aceptar un importante deterioro del bienestar en forma de aumento del paro (aumenta un 10% en dos años, en el caso de Grecia, y se sitúa por encima del 15% en el caso del Portugal), crecimiento negativo y reducción del nivel de vida. Irlanda era el caso más prometedor. Tras soportar una caída en el PIB per cápita de más del 20% entre 2008 y 2010, consiguió retornar al crecimiento positivo en 2011, aunque las negativas perspectivas económicas para el conjunto del continente, y quién sabe si también por las consecuencias contractivas del fuerte programa de austeridad que exigen los supervisores comunitarios y del FMI, están comprometiendo las favorables expectativas que existían para 2012. Portugal y Grecia están obligados además a superar el lastre de competitividad que arrastran desde antes del estallido de la burbuja, lo que significa que las reformas deben exceder los límites del sector público y del bancario, hasta alcanzar otros ámbitos, incluida la regulación el mercado de trabajo. No existe, por tanto, un saldo claramente favorable de la experiencia de rescates en otros lugares, aunque tampoco de lo contrario, por lo que hay que esperar que la decisión de solicitarlo va a depender de las condiciones que se establezcan y del convencimiento de que se trata una vía segura hacia la recuperación. A pesar de todo, es probable que las razones más convincentes sean la ausencia de alternativas de financiación y las presiones desde el resto de la Eurozona.