LA Consejería de Hacienda y Administración Pública está adquiriendo, desde la llegada a la Presidencia de Susana Díaz, mayor control sobre el resto de los departamentos del Gobierno autonómico. Ello se debe a la apuesta de la presidenta por la transparencia y el rigor en el uso de fondos públicos y a la austeridad que obliga a todas las consejerías y organismos dependientes de ellas. Un presupuesto recortado exige una administración estricta del mismo. Un artículo del proyecto de ley de presupuestos 2014 aprobado la semana pasada obliga a las consejerías de la Junta a elaborar un plan de ajuste antes del próximo mes de febrero a fin de que no suscriban compromisos de gasto que superen a los ingresos globales previstos en los presupuestos y programas. La Consejería de Hacienda recibirá mensualmente un informe de cada consejería dando cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos señalados en su plan de ajuste y detallando las medidas que adoptará en cuanto se produzcan desviaciones del mismo. Hacienda, además, impondrá sistemas de control adicionales o de fiscalización previa, convirtiéndose así en una figura parecida a la de supercontrolador de las cuentas públicas con más poderes que los ejercidos en las anteriores legislaturas. Otro artículo del proyecto de ley que habrá de ser debatido en el Parlamento autonómico antes de su entrada en vigor regula el régimen económico del personal que ejerce funciones de alta dirección y directivos del sector público andaluz (agencias, fundaciones, consorcios y empresas públicas), y también ofrece novedades: la Consejería de Hacienda declarará nulos de pleno derecho todos los acuerdos o contratos de este personal que supongan un aumento de sus retribuciones durante 2014 o que signifiquen un sueldo superior al de la presidenta de la Junta de Andalucía (fijado actualmente en 63.808 euros anuales). Igualmente, las indemnizaciones que puedan corresponder a los directivos por extinción del contrato no será posible negociarlas por las empresas y sus órganos de gestión, sino que se atendrán a la normativa básica del Estado contenida en la reforma laboral. Estas medidas obedecen al compromiso de Susana Díaz por un ejercicio austero y riguroso del poder autonómico, aunque no dejarán de tener algunas consecuencias colaterales negativas, al poner a la Administración autonómica en sus niveles altos de gestión lejos de las expectativas de profesionales cualificados que no se sentirán atraídos por las empresas, fundaciones y consorcios de carácter público. Los dos artículos comentados proceden, sin embargo, en una situación de deterioro de la imagen de los gobernantes.