p rotestas lejos de las casas

EL Gobierno provocó ayer cierta confusión sobre su política con respecto a los señalamientos de cargos públicos en torno a sus domicilios por parte de diversos colectivos ciudadanos, especialmente las plataformas contrarias a los desahucios de las viviendas ejecutados por impago de las hipotecas. Mientras la Fiscalía General ha ordenado a todos los fiscales un seguimiento detallado sobre los llamados escraches, a la espera de alguna instrucción, el secretario de Estado de Seguridad anunció ayer por la mañana que iba a dar orden a la Policía para que estableciera un perímetro de trescientos metros en torno a las viviendas de los políticos dentro del cual impediría la presencia de manifestantes. Horas más tarde, el ministro del Interior, Jorge Fernández, desautorizó a su subordinado, descartando la fijación de un espacio concreto para la prohibición y subrayando que serán los jefes de cada operativo los que decidan el límite físico de cada escrache en función de las circunstancias concretas del caso y las características de la manifestación y del lugar a proteger. Nos parece más acertada la posición del ministro, aunque no hay que dejar de subrayar que el problema de los escraches, pese a su carácter minoritario y más mediático que otra cosa, debe ser afrontado a un nivel político y normativo superior a las meras instrucciones policiales. Es de destacar que quienes organizan estas algaradas pretenden hacerlas pasar por legítimas expresiones de libertad y ejercicios del derecho de manifestación obligados por la negativa de los políticos a aceptar sus reivindicaciones. No es así en absoluto. Los escraches suponen una forma de coacción en la medida en que se dirigen a los hogares de los políticos señalados, vulnerando su derecho a la intimidad y presionando para que cambien el sentido de su voto aceptando sin más la posición que se les demanda. Es cierto que los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida política son todavía dificultosos y precarios y que la endogamia de los políticos les hace vivir con frecuencia lejos de las preocupaciones de la mayoría de la población. Pero eso no autoriza a nadie a intimidar a los representantes elegidos por el pueblo a la hora de tomar sus decisiones. Existe un derecho a la manifestación pacífica que no puede ser violado o entorpecido por los poderes públicos, y siempre lo defenderemos. Como defendemos el derecho de los diputados a no ser incordiados en su vida privada, ni señalados por fotos amenazantes, ni ver a sus familiares molestados por manifestantes iracundos. El fenómeno de los escraches tiene que desaparecer de la vida española, porque es injusto, peligroso para la convivencia e incompatible con la democracia.

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