La tribuna

Manuel Ruiz Zamora

La ruptura de la igualdad

EN estos días se está empezando a aplicar en Italia el apartado 11 bis del artículo 61 del Código Penal aprobado por el recién elegido Gobierno Berlusconi. Según esta disposición,"cuando el delito sea cometido por un sujeto que se encuentre ilegalmente en suelo italiano", las penas se agravarán un tercio. No es necesario decir que el carácter discriminatorio de este tipo de medidas tiene que suscitar el rechazo de cualquier demócrata que se precie, y ello por la simple razón de la grave conculcación que suponen del principio de igualdad ante la ley, que es uno de los pilares sobre los que se asienta el edificio de la democracia tal y como la entendemos en la modernidad. Diversas instancias europeas han anunciado ya su intención de extremar los mecanismos de vigilancia en la aplicación de una norma que, más allá de las desigualdades que introduce, implica toda una peligrosa pedagogía del racismo.

El mismo día, sin embargo, de la entrada en vigor de tamaña aberración jurídica leo un artículo firmado por Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el que, al hilo de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de mayo, defiende la legitimidad de este tipo de desigualdades penales, en este caso por el hecho de que quien cometa determinado tipo de delitos pertenezca al sexo masculino. No dudo ni por un momento de que si a la señora Comas se le preguntara por la opinión que le merecen las medidas promulgadas por Berlusconi, contestaría con toda contundencia (y razón) que le producen horror y repugnancia. ¿Cómo es posible, entonces, que no advierta la contradicción lógica que supone rechazar y defender al mismo tiempo lo mismo y lo contrario, según se aplique a colectivos humanos diferentes? ¿Es más importante la pertenencia específica a un determinado grupo que la genérica al elemento común humano? Y si no es así, ¿en dónde se establece el límite para frenar la fragmentación de la universalidad de las leyes? ¿Tiene cada colectividad humana, en virtud de sus propias especificidades, derecho a excepcionalidades igualmente específicas?

No obstante, si hay un principio que se compadece mal de las excepciones es precisamente el de igualdad: yo puedo ser, por muy injusto que ello resulte, perfectamente libre aunque haya otros seres humanos que carezcan de libertad, pero no puedo disfrutar de igualdad si la ley reconoce excepciones a determinados individuos o colectividades. A partir de aquí se impone una irreconciliable disyuntiva: o se defiende, como ha hecho el liberalismo clásico, una igualdad formal (esto es, legal) de principio que no abomine de las subsecuentes desigualdades que se deriven de las capacidades naturales de los individuos, o se introducen mecanismos artificiales de igualación material y se rompe por tanto el principio formal de igualdad ante la ley. La defensa de la primera opción presupone la consideración de que únicamente los individuos, en virtud del sustrato común de humanidad que comparten, son sujetos de derecho y que, por tanto, se impone por parte de los poderes una vigilancia rigurosa para evitar cualquier forma de discriminación que se base precisamente en particularidades accidentales. Es lo que, parafraseando a Isaiah Berlin, podríamos designar "igualdad negativa". El igualitarismo, por el contrario, parte de la paradójica creencia de que para alcanzar el objetivo final de una igualdad "real" es preciso introducir formas de desigualdad ad hoc. George Orwell en su Animal Farm formuló de forma irónica pero certera el principio que subyace a esta perspectiva: "todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros". Es lo que demagógicamente ha llegado a conocerse como "discriminación positiva".

Pues bien, en España, un país que se caracteriza por padecer todos los complejos de una sociedad sin tradiciones democráticas, y en donde apenas ha habido alguna vez una conciencia demasiado acusada de generalidad, se ha impuesto con un fervor casi mitológico el principio de la igualdad a través de la desigualdad. Primero fueron las llamadas "nacionalidades históricas", que ya no tienen el mínimo pudor en escupir abiertamente en lo que ellos llaman con sumo desprecio "el café para todos". Después fueron los grupos feministas radicales, que han conseguido, con la complacencia del Tribunal Constitucional, colar en el ordenamiento jurídico una serie de medidas discriminatorias que se han demostrado además perfectamente inútiles para combatir los males para las que fueron concebidas. No sabemos en beneficio de qué colectivo se operará la próxima ruptura posmoderna del principio de igualdad. Lo que sí sabemos es que si se abre la caja de Pandora, tarde o temprano, serán los privilegiados los que legislen, tal y como ha hecho el Gobierno Berlusconi, en su propio beneficio.

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