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LA Unión Europea ha cumplido su parte en el compromiso de salvar a Grecia de la bancarrota. Lógicamente, por su propio interés, ya que si Grecia suspende pagos, otras naciones se desestabilizarán y el euro mismo sufrirá un duro golpe. Los Veintisiete han aprobado un segundo rescate de la maltrecha economía griega, que ascendería a 100.000 millones de euros y en el que participarían también las entidades financieras del continente, además de desbloquear de inmediato la ayuda de emergencia pendiente del primer rescate, que los expertos consideran imprescindible para que Grecia no suspenda pagos durante el verano. Falta que los propios griegos satisfagan su parte del pacto: un nuevo plan de ajuste que incluye recorte de prestaciones sociales, aumento de impuestos y privatizaciones. Se trata de una severa medicina para la mayoría de la población griega, que ya ha protagonizado numerosas protestas tras los recortes del plan anterior. No es más que la consecuencia dramática de una economía de escasa competitividad, fiscalidad insuficiente y frívolo reparto de una riqueza no creada, sino basada en el endeudamiento. Los miembros de la UE y dirigentes del Fondo Monetario Internacional promotores del rescate tienen una cosa clara: la dimensión de la crisis y la envergadura de las reformas y ajustes exige un auténtico pacto nacional, basado en los dos grandes partidos, ya que no debería estar sometido a vaivenes electorales ni eventuales cambios de gobierno. En el propio Partido Socialista gobernante se han producido disensiones, aunque la mayoría respalda al primer ministro Papandreu. Pero entre los conservadores de Nueva Democracia se ha impuesto hasta ahora la actitud de rechazo de su líder, el ex ministro Antonis Samanas, que niega el voto al ajuste, a pesar de las presiones de todos los conservadores europeos, liderados por la canciller Angela Merkel. Si no da su brazo a torcer, todo el proyecto puede venirse abajo, y Grecia suspender pagos, ir a la bancarrota y deteriorar a otras naciones de la UE.

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