EL Gobierno tardó ayer cinco minutos, tras anunciarse la escasa sanción al juez Tirado por no controlar a Santiago del Valle, en proclamar su voluntad de reformar el régimen disciplinario de los jueces para que sea mucho más duro con ellos. Si fuera severo amén de justo, debería recapitular todas las normativas sancionadoras y actualizarlas. Lo normal es que sean proporcionales al coste de la vida... de hace un cuarto de siglo. Como el ministro Bermejo asegura que los 1.500 euros le parece una cantidad enormemente escasa, es fácil colegir el próximo redondeo legislativo: 15.000 como tasa mínima.

La turbamulta de la polémica reavivada por el caso Mari Luz no debe cegarles. La prisa que el Gobierno se da para rasgarse las vestiduras es proporcionalmente inversa a las largas para solucionar el problema estructural de la Justicia, sevillana en este asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cifra en ¡1.719! el número de plazas de las que se carece en los juzgados andaluces y cuya materialización es imprescindible para dotarlos de los necesarios medios humanos que puedan digerir la diaria demanda de amparo judicial.

Todo lo que le sobra de personal a las solapadas administraciones local, provincial, autonómica y estatal, insaciables en su aumento de oficinas y despachos, es lo que le falta al poder judicial. Así es como se generan las condiciones para las anomalías administrativas en los juzgados, que es a lo que todos nos debe importar como esencia del problema abierto en canal. Sin embargo, se va a poner el foco en la multa. Ya manifesté mi opinión sobre el ridículo de los 1.500 euros. Pero la anomalía es el efecto de una causa que no se resuelve con un cambio legislativo, sino con un pacto político en los dos parlamentos (Madrid y Sevilla) para librar presupuestos extraordinarios a la Justicia que den pie a ponerle el reloj en hora y que deje de funcionar de modo vergonzante.