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LA captura por una fragata española de dos de los piratas que asaltaron el barco atunero Alakrana, con 36 tripulantes a bordo, en aguas del Océano Índico, siendo una buena noticia, puede erigirse en obstáculo para un feliz desenlace de la agresión, ya que parece lógico que los piratas somalíes incluyan entre sus exigencias negociadoras la puesta en libertad de sus compinches. Descartada la acción militar por lo que supondría de grave riesgo para la vida y la integridad de los rehenes, al Gobierno no le queda más opción que la presión diplomática y las gestiones encaminadas a lograr el principal objetivo de este momento: la liberación de los españoles y demás tripulantes secuestrados. Más allá de este grave incidente, se impone que los países afectados por la siniestra piratería del siglo XXI aumenten y coordinen sus esfuerzos para combatirla, que hasta ahora se han demostrado insuficientes. Con todo, es cierto que los armadores de atuneros y sus gobernantes llegaron a un acuerdo de delimitación de una amplia zona de aguas internacionales en las que las flotas de la Unión Europea protegerían el trabajo de los pesqueros. El armador del Alakrana, como otros, asumió la responsabilidad de sacar su embarcación de la zona de protección, lógicamente en busca de más ricos caladeros. Lo que no puede pretender ninguno de ellos es que el Estado tenga que acudir en su auxilio tras haberse saltado los acuerdos de delimitación. Algunos atuneros están contratando seguridad privada, convenientemente armada, para disuadir a los piratas. Ello hará sus negocios menos rentables, pero también menos peligrosos. Quizás sea la vía más conveniente a explorar en el futuro, aunque sin que los gobiernos de las naciones implicadas se laven las manos en este conflicto. Lo que está descartado en el caso de España es que la Marina lleve a sus hombres a bordo de las embarcaciones, porque jurídicamente no es posible esa operación y porque no sería materialmente defendible ante los ciudadanos en crisis. La culpa la tienen los piratas; la responsabilidad deben compartirla todos, empezando por los dueños de los atuneros.

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