LAS similitudes entre el caso Bazar España y el del semáforo averiado en el cruce de la avenida de Hytasa son tales que este último está acabando como el primero: generando una crisis política de consecuencias impredecibles en el seno del Ayuntamiento. A estas alturas es difícil discernir si el atropello ha acabado derivando en una fractura en el equipo de gobierno municipal o si la fractura política ya existía y el atropello fue el detonante para que estallaran las tensiones larvadas en el grupo socialista, pero el resultado es el mismo: los sevillanos asisten atónitos al espectáculo de ver cómo dos delegaciones del Ayuntamiento se culpan mutuamente ante la Justicia de las negligencias detectadas en este trágico asunto -sólo falta que la juez cite a un careo a los delegados de Tráfico y de Urbanismo para aclarar sus versiones opuestas- y cómo el alcalde ha acabado dando la espalda a su propio portavoz y el portavoz a su vez al alcalde. La tensión acumulada en el grupo socialista se puede cortar con un cuchillo y se agrava por las disputas orgánicas en que están enzarzados unos y otros. Si no mediaran los sucesivos congresos del PSOE (nacional, regional y provincial), la crisis municipal se habría materializado ya con un nuevo reparto de poder en el grupo del Partido Socialista, pero la necesidad de afrontar los cónclaves de la organización con una imagen de unidad sin fisuras está actuando de dique de contención. Es insólito que al margen de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y sin consensuar una posición común en el seno del grupo municipal, el delegado de Tráfico, Francisco Fernández, enviara por su cuenta un informe a la Justicia en que derivaba la responsabilidad sobre el semáforo de Hytasa a Urbanismo. Ante este hecho consumado, el alcalde optó por no desautorizar a Fernández, pero eso equivalió a desamparar a Carrillo. Dado que existe el riesgo de que se abra una causa penal por esta muerte, a Carrillo no le quedaba otra opción que actuar en defensa propia y remitir a su vez otro informe a la Justicia, y ya desairado, retirar su apoyo orgánico a Monteseirín. El alcalde estuvo 22 días sin amparar a su portavoz, quizás porque este caso tenía difícil solución salomónica.Habló con su silencio.