CADA vez que hay un cambio de Gobierno (y no tiene por qué ser un cambio de Gobierno provocado por un vuelco electoral en las urnas), hay un cambio de posición en el sempiterno asunto de Gibraltar. Esto quiere decir que se somete a los vaivenes del ministro de turno o al socaire de la ocurrencia o circunstancia del momento.

Me imagino a los colegas británicos frotándose siempre las manos, amparados por su inflexible política de Estado, cuando se enfrentan a intereses internacionales. Observan, con gozo, que el nuevo ministro o el nuevo presidente del Gobierno español trata de reconducir la situación de Gibraltar, la mayor parte de las veces volviendo a las posiciones clásicas, que son las únicas que nos han dado buenos resultados, tratando de deshacer los inventos del último ministro que quería coronarse con el éxito para solucionar el conflicto.

Los británicos lo tienen claro. La posición inicial era la autodeterminación de Gibraltar. Por el contrario, Naciones Unidas defendió la posición española de la integración territorial. Este éxito diplomático fue debido, fundamentalmente, al Derecho, porque España no se movió ni un solo milímetro de este objetivo (igual que lo ha hecho recientemente en el caso Odissey). Cuando se fundamento una posición en el Derecho es difícil que no se reconozca.

Claro que España tiene que tener en cuenta los intereses de las personas que habitan Gibraltar. Hablamos de personas, no de inmuebles o de árboles. Las personas somos objeto mayúsculo de protección.

Ahora bien, el Derecho Internacional no permite, en el actual marco jurídico, que se tengan en cuenta exclusivamente sus deseos (ni los de Gibraltar ni los de Triana, ni los del País Vasco o los del Pueblo Kurdo). Un pueblo colonial no puede determinar el destino de un territorio. Los habitantes originarios de Gibraltar, a través de sus descendientes, están hoy día diseminados por los núcleos de población que se constituyeron en torno a las tres grandes ermitas que usaban sus pobladores (San Roque, San Bernabé y San Isidro). Allí están las imágenes iconográficas de las cofradías gibraltareñas, sus archivos, su carta puebla, su pendón, en definitiva su identidad y su historia. Desgraciadamente ninguna de estas nuevas ciudades se llamó Gibraltar, en un intento de salvaguardar la identidad íntegra de la vieja ciudad, ahora ocupada.

Esto debe ser comprendido por los actuales habitantes de Gibraltar, aunque ellos no sean responsables de la situación. La legitimidad histórica, jurídica y política no puede obviarse por un pretendido derecho democrático a decidir el futuro, salvo que haya un acuerdo entre las partes.

Nunca estuvimos más cerca de la solución de la situación del tema de Gibraltar que cuando, el 18 de abril de 2002, Londres y Madrid llegaron a un acuerdo para compartir la soberanía, en el que los actuales habitantes de Gibraltar pudieran tener la máxima cota de autogobierno. Sin embargo, España, en el último minuto, rechazó esta propuesta y, después, también se rechazó en la Roca.

Luego vinieron los Foros de Diálogo, cuatripartitos, tripartitos, incluso Foros de Diálogo sin diálogo y sin foro.

Estamos, pues, como hace ya muchos años. Se ha avanzado en algunos aspectos de la cooperación, se dan facilidades a los ciudadanos gibraltareños para que puedan obtener bienes políticos en España (residencia, educación, sanidad, comunicaciones…). El Instituto Cervantes es hoy día un motor de cultura en Gibraltar, a pesar de estar recién inaugurado. Deberíamos sorprendernos del éxito rotundo de la matriculación masiva de estudiantes de español.

Pero debemos dar aún muchas más facilidades. La integración territorial no vendrá por que se les venza en despachos diplomáticos, sino porque se les convenza. Y, para ello, no hay más camino que ofrecer un modelo de integración, como el que se ofrece en la UE, pero más allá.

El Campo de Gibraltar no puede seguir siendo la pariente pobre de España. Debe ser un espejo en el que los ciudadanos gibraltareños quieran mirarse. Para ello, no puede haber este porcentaje de desempleo en una de las zonas más depauperadas de España, no puede haber tantas limitaciones en las comunicaciones, ni tanta miseria educativa, cultural e incluso medioambiental, pero tampoco puede haber núcleos de fiscalidad desleal, opacidad bancaria o privilegiada economía parasitaria.

Por tanto, hay que mantener una política constructiva para convencer y al mismo tiempo, exigir el cumplimiento íntegro de la normativa internacional y europea. El privilegio casa mal con los pretendidos derechos democráticos, que podrían derivar en derechos aristocráticos u oligárgicos.

Igualmente habría que destinar más esfuerzos políticos para que Gibraltar deje de tener interés internacional (por ello he aplaudido la localización del escudo antimisiles de la OTAN en la Base Naval de Rota). Su interés debe ser sólo el de sus habitantes, los de dentro y los de fuera, que al fin y al cabo son los mismos. De eso sabe bastante el propio ministro principal actual, el socialista Fabián Picardo, nieto de republicana española, a quien he tenido oportunidad de recordarle que, a los efectos de nuestra legislación, por ese solo hecho, ya podría solicitar la nacionalidad española (sin perder la propia, si es que la tiene).