AL entrar en la web del CGPJ, aparece un gran despacho, coronado por una cúpula: en ella, una dama entrega un collar a un señor severamente vestido de negro. La dama es España, en forma de diosa, que pone en manos de un magistrado el símbolo de su investidura. Una voz en off nos narra la ceremonia anual de entrega de los despachos a las nuevas promociones de jueces. Esa voz dice: la legitimidad para impartir justicia emana del pueblo. El artículo 117 de la Constitución Española recoge el origen democrático del poder judicial, al que erige en poder del Estado… Los jueces, pues, reciben dos mandatos: aplicar y hacer cumplir la legalidad, y solucionar los problemas de todos los ciudadanos.

El sistema judicial puede explicar la sociedad de cada país y sus perfiles. Posiblemente por eso, cada nuevo gobierno comienza afirmando que hay que reformar la Justicia, hace propuestas sobre la Justicia, lanza globos sonda con ideas geniales para mejorar la Justicia. La Justicia lenta, dicen, ya no es justa. Hacen falta más medios, cambiar leyes, organizar la oficina judicial, abrir vías alternativas para la solución de conflictos. Detrás de todas esas cuestiones, sin duda relevantes y necesarias, siempre aparecen los juegos del poder, y surgen teorías y declaraciones de los ministros y los jueces sobre el Consejo General del Poder Judicial.

Se pretende, como siempre, "despolitizar" el Consejo, planteamiento absolutamente contradictorio en sus términos. Si el CGPJ es el órgano de gobierno de un poder democrático emanado del pueblo, forzosamente ha de ser un órgano político en el sentido más noble de esta palabra. (¿Por qué, cuando Franco se refería a la política, cuando la derecha habla de la política, le dan ese tinte canalla y deshonesto? Desde Aristóteles, o desde el paraíso terrenal, el hombre es un animal político, y política es la vida de relación humana). Otra cosa es que este órgano se pliegue a directrices de partidos políticos, lo cual también es una contradicción en los términos, puesto que este órgano del poder judicial debe revestirse de las mismas condiciones de independencia, respeto a la ley y responsabilidad que se garantizan y se exigen a los jueces. Nos pitan los oídos con la palabrería sobre la elección de los miembros de este artefacto tan exótico, por muy constitucional que sea en su raíz.

¿Por qué digo que el CGPJ es un artefacto exótico? Pensemos que se trata de gobernar a los escasos 4.700 jueces españoles en cuestiones meramente logísticas o instrumentales (formación, ascensos, disciplina, inspección de los órganos judiciales…), jueces que tienen que asumir activamente su obligación legal de ser independientes, cuyas funciones fundamentales únicamente están regidas por la ley, y cuyos medios materiales y humanos para funcionar están organizados y pagados por el Ministerio de Justicia o por las CCAA. Por ello, no se comprende que haga falta un órgano centralizado con 20 responsables sin responsabilidad política, sin organización jerárquica, mejor retribuidos que los ministros del Gobierno del Estado, éstos sí con responsabilidad política -y de la otra- ante los más de 40 millones de ciudadanos a los que gobiernan.

La cuestión de cómo deben elegirse sus miembros no es la principal. El verdadero problema es cómo debe funcionar ese Consejo, cómo ha de rendir cuentas de su trabajo, justificar el generoso presupuesto que se le destina, y cómo debe dimensionarse la dedicación de sus miembros en base a sus efectivas competencias. El problema mayor de la Justicia española no es el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Éste es un falso debate que oscurece otro panorama en el que habría que hacer explícita una mayor exigencia. No es posible que esta alta representación de un poder básico del Estado, que reivindica la independencia como una cuestión capital, sea un órgano en el que hay prejuicios y consignas, donde no se vislumbra la posibilidad de consenso, donde se chalanea con "los tuyos" y "los míos", por encima de méritos y de rendición de cuentas. Los acuerdos del CGPJ sobre nombramientos y rehabilitaciones, su paralización o extremada lentitud, su forma de inmiscuirse en asuntos de oportunidad y no de legalidad, nos están diciendo a las claras que no se encontró la mejor manera para que, desde el gobierno de los jueces, se trabaje para prestar el mejor servicio en la administración de justicia, que es lo útil y necesario para los ciudadanos.

¿Deben los jueces elegir a sus gobernantes sin intervención del Parlamento? Esto nos abre una gran duda sobre la legitimidad de origen de este poder judicial. Si la legitimidad para impartir justicia emana del pueblo, también debería emanar de éste la legitimidad para gobernar a quienes imparten la justicia. En el fondo subyace el conflicto entre las nociones de Poder Judicial y de Servicio Público. Ellos piensan en el poder y nosotros necesitamos el servicio. La cuestión es que la justicia no es sólo un adjetivo.