Editorial

El sistema no protegió a Mari Luz

LA entereza y la serenidad demostradas a lo largo de casi tres meses por Juan José Cortés, el padre de la niña de Huelva desaparecida en enero y encontrada muerta semanas más tarde, y las circunstancias del trágico suceso conocidas tras la detención de su presunto responsable obligan a poner en cuestión la eficacia del sistema penal y judicial vigente, y el funcionamiento de los organismos del Estado encargados de velar por la seguridad y la libertad de todos. Por un lado, el caso de Mari Luz vuelve a poner sobre el tapete, con excepcional dramatismo, el debate inconcluso acerca de la función punitiva y rehabilitadora de los códigos penales y regímenes penitenciarios que nuestra sociedad utiliza para afrontar el delito. No está solucionado, ni mucho menos, el conflicto sobre el destino que debe darse a los autores de delitos especialmente graves y reincidentes (violadores, pederastas), cuya capacidad de reinserción es discutida por numerosos expertos y cuya peligrosidad causa la natural perplejidad e indignación de la sociedad. En otro orden de cosas, tampoco ha resuelto satisfactoriamente la sociedad el tratamiento adecuado para aquellos enfermos mentales cuya total libertad puede conllevar riesgos para la integridad física y moral de sus familiares y convecinos. Junto a los dilemas que gravitan sobre este tipo de delitos, en el caso de Mari Luz se han detectado graves carencias en el ejercicio de las facultades de control y actuación que la ley otorga a los responsables judiciales y policiales. No es posible pasar por alto el hecho de que el ahora detenido Santiago del Valle hubiera sido condenado por abusar de su propia hija e inculpar falsariamente a un profesor y, siendo la sentencia ratificada por la Audiencia en 2005, haya podido permanecer en la calle porque no se le pudo notificar en su día el contenido de la misma, o que, peor todavía, nadie cayera en la cuenta cuando fue interrogado en los primeros días de desaparición de la niña de que tenía pendiente cuentas con la Justicia. Estos fallos requieren una investigación urgente y la delimitación de responsabilidades al respecto.

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