Editorial

La soberanía no se entrega

EL Congreso de los Diputados rechazó anoche, por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención la proposición del Parlamento catalán de que se autorice a la Generalitat a organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, referéndum cuya fecha y cuyas preguntas ya han sido decididas por Artur Mas, lo que cuestiona seriamente su apelación al diálogo y la negociación. El debate previo, que alcanzó momentos de indudable altura política, confirmó las posiciones previamente anunciadas. Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como máximos dirigentes de los dos partidos ampliamente mayoritarios, coincidieron en lo fundamental: la soberanía nacional, es decir, la capacidad de autodeterminarse y decidir su futuro, corresponde al pueblo español en su conjunto y no puede fraccionarse permitiendo que cada territorio decida su suerte por su cuenta. Ningún gobierno ni ningún parlamento puede transferir a nadie una facultad que no les pertenece a ellos, sino a los españoles. Es lo que dice la Constitución, como acaba de recordar el Tribunal Constitucional: España es indivisible y su soberanía reside en los españoles. Ambos mandatarios, además de la presidenta de UPyD, Rosa Díez, abrieron la puerta a la reforma constitucional por los cauces y con los mecanismos que el propio texto de la Carta Magna establece, frente a la política de hechos consumados que el secesionismo catalán presenta y que, en ausencia deliberada de Artur Mas, defendieron ayer en la tribuna del Congreso los tres representantes del Parlament de Cataluña. Los portavoces de CiU e IU subrayaron, por su parte, la naturaleza no vinculante del referéndum que ya ha convocado la Generalitat, tratando de presentarlo como un ejercicio directo de democracia y un instrumento para conocer la voluntad del pueblo catalán. Es sencillamente falso: la consulta, que Mas dice que se hará de todos modos, se está organizando con trampa, como un medio para legitimar la secesión ya decidida por los convocantes. La democracia no consiste en votar cualquier cosa, sino votar lo que permita la ley y que voten los que la ley autoriza. En este caso, la Constitución exige que sobre la unidad de España y sobre su sistema institucional y territorial se pronuncien todos los españoles, no los de una comunidad autónoma determinada. Ciertamente, la Constitución puede cambiarse. Es lo que deberían intentar los nacionalistas catalanes: promover una reforma de la Constitución que les facilite la conquista de sus reivindicaciones. Pero sabiendo que sobre esa reforma decidirán, hoy y mañana, todos los españoles. Lo demás es un camino sin salida.

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