LA remodelación urbanística de la plaza de la Encarnación, confiada al complejo comercial Metropol Parasol, va a costar a las arcas públicas más de 50 millones de euros. Este dinero es el que el Ayuntamiento ha entregado ya a la empresa encargada de la obra (Sacyr) durante los años 2007 y 2008, más los 25 millones que, en su conjunto, suman las modificaciones del proyecto básico a las que la Gerencia de Urbanismo ha decidido dar luz verde. Que un proyecto de esta envergadura -cuyo coste inicial iba a ser de 51 millones- haya obligado a detraer de los fondos previstos para las infraestructuras generales de Sevilla casi un 23% de su importe y que, además, acumule dos años y medio de retraso y un desfase presupuestario que duplica todos los cálculos previstos, da una idea de la capacidad del gobierno local para gestionar los grandes retos de la ciudad. Tanto más si, como ha reconocido en público el edil de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuando en 2005 el equipo municipal decidió abordar este proyecto "imposible" lo hizo a sabiendas de que no tenía "la tecnología adecuada" ni la más mínima certeza de que lo que se pretendía pudiera llegar a buen puerto en un plazo de tiempo y con un coste razonable. Parece obvio que la prudencia no estuvo presente cuando se adoptó dicha decisión. El diseño del Parasol ha sido desde el principio objeto de polémica en Sevilla. Pero los hechos demuestran que el principal quebranto que este singular complejo comercial causará a la ciudad es de índole financiera. La apuesta por construir las setas bajo la figura de una concesión privada a 40 años, justificada en que con dicho modelo el Consistorio quedaba protegido frente a posibles sobrecostes superiores a los 25 millones de euros, ha demostrado ser nefasta. Como también fueron inadecuados los criterios con los que se adjudicó el concurso de construcción a la actual concesionaria, que se hizo con el contrato frente a las demás sociedades mercantiles rivales por el hecho de prometer un plazo y un presupuesto para la obra que nada tenía que ver con la realidad. Los ciudadanos, que son quienes pagan y pagarán con sus impuestos esta sucesión de errores, exigen una explicación convincente. Nadie les ha ofrecido ninguna.