Carlos Mármol

Un 'soufflé' que no se sostiene

La intervención municipal pone en crisis los presupuestos de Urbanismo al confirmar que los ingresos por venta de patrimonio son ficticios. El alto funcionario recomienda prudencia al gobierno al cerrar las cuentas

SOUFFLÉ.[Del francés]. Dícese del alimento preparado con claras de huevo a punto de nieve y cocido al horno para que quede inflado y adquiera una consistencia esponjosa. La definición es del DRAE. Exacta. Ortodoxa. Y aplicable, a tenor de la opinión de la Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla, a las cuentas de la Gerencia de Urbanismo presentadas en público hace apenas una semana.

El titular de esta área municipal, Maximiliano Vílchez (PP), deslumbró a todos hace seis días al asegurar que las inversiones de este organismo autónomo, el más importante de todo el Consistorio, crecerían un 87% gracias a una reducción del gasto corriente "drástica". El edil explicaba que los 21 millones de inversión previstos para 2012 respondían a "un verdadero anexo de inversiones" y resaltaba por su "carácter social" el capítulo de las subvenciones de capital, dedicado a fomentar la rehabilitación privada. La cuadratura del círculo.

¿Pero los círculos son cuadrados? Geométricamente hablando, no. Se trata de un problema matemático irresoluble, salvo que se opte por la fórmula de las repeticiones sucesivas. Precisamente en esta tarea está centrado el gobierno municipal del PP, que desde hace ya dos semanas defiende sus presupuestos -que tiene previsto validar en Pleno antes de fin de año- con argumentos más retóricos que ciertos.

La valoración política de las cuentas municipales ha seguido un patrón previsible: el ejecutivo de Zoido las defiende, en buena medida culpando al anterior gobierno local por la herencia recibida, y la oposición las critica por considerarlas "falsas de toda falsedad". Nada nuevo bajo el sol. ¿Pero qué dicen los funcionarios, tan elogiados por el gobierno municipal? En concreto: ¿cuál es la opinión del interventor sobre las cuentas de Urbanismo? El informe realizado por este alto empleado público, encargado de velar por el adecuado uso de los fondos municipales, viene a dar la razón -indirectamente, claro- a la oposición. Se trata de una opinión técnica. Difícilmente rebatible desde el punto de vista político. Municipal, en este caso.

El dictamen elaborado por la Invervención sostiene que las cuentas de la Gerencia para 2012 no acreditan de forma fidedigna el incremento de los ingresos municipales. Lo que supone que determinados capítulos de gasto corriente e inversiones no podrán cumplirse. Especialmente trascendente es la cuestión de las inversiones, ya que, frente a la tesis oficial -se invertirá un 87% más- ,la realidad pedestre que dibuja la intervención explica que los créditos consignados en las cuentas "no podrán disponerse hasta que se acredite la obtención de la financiación prevista". Dicho en román paladino: si la recalificación de la comisaría de la Gavidia, la sede municipal de la calle Pajaritos y otras operaciones de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) no culminan con éxito financiero -cosa que se antoja muy difícil-, todo el cuadro de proyectos a ejecutar en 2012 se viene abajo. Igual que un soufflé. En palabras del interventor: "Es aconsejable una previsión prudente de los ingresos que integran este capítulo porque eventuales desviaciones pueden afectar directamente a la nivelación del presupuesto".

No es el único reparo que pone a las cuentas de la Gerencia. La lista es extensa. Vayamos por partes. En primer lugar, el capítulo de ingresos: el PP afirma en sus cuentas que la recaudación de Urbanismo crecerá un 0,98% más. ¿Cómo es posible lograrlo en un escenario inmobiliario paralizado casi por completo? El equipo de Zoido alega que por una "previsible mejora en el ritmo de liquidación de los ingresos pendientes de ejecutar" y por la nueva tasa de servicios urbanísticos. El interventor discrepa: "Esta mejora no está acreditada en el expediente". Y añade: "En consecuencia, deben adoptarse medidas cautelares en relación con la ejecución de los gastos no financieros de manera que las desviaciones que se produzcan en este capítulo no se materialicen en déficit presupuestario". Oficialmente el PP presume de aprobar un presupuesto con un superávit de 1,7 millones, aunque dicha cifra responde sólo a la obligación legal de equilibrar las cuentas, que en 2010 registraron por primera vez déficit. La forma, por tanto, no se corresponde con el fondo.

Otro de los argumentos centrales del edil de Urbanismo al presentar el presupuesto fue la reducción de los gastos corrientes (personal y funcionamiento). Sobre este particular, el informe de la intervención plantea matices. En relación a personal [capítulo I] el alto funcionario advierte al gobierno local que, dado que no existe normativa estatal sobre equilibrio presupuestario, todos los gastos consignados para las retribuciones de los empleados de Urbanismo, las aportaciones a su plan de pensiones y las plazas vacantes dotadas están "condicionados" por la normativa que se apruebe por el Ejecutivo central. El interventor incluso insiste al PP en tener "prudencia" al hacer los cálculos. Esto es: las previsiones de gasto en estas tres partidas son ficticias.

Intervención llama asimismo la atención sobre la falta de rigor en determinadas partidas de personal -conceptos retributivos sin concretar, esencialmente- y menciona la incorrecta adecuación del capítulo laboral a la normativa. "No se dice qué plazas están vacantes, cuáles se han ofertado y cuáles están pendientes", explica. A su juicio, hace falta elaborar una relación de los puestos de trabajo de Urbanismo y una valoración de los complementos salariales de cada uno de los puestos.

Sobre el pago a los proveedores -otra de las banderas políticas del PP- el dictamen del alto funcionario municipal precisa que en las cuentas de la Gerencia se proyectan pagos durante 2012, cuando la normativa obliga a asumirlos antes de final de este año, incluidos, en su caso, los intereses de demora. También alerta de anomalías en los suministros -facturas que no se mencionan en la contabilidad- y en las adjudicaciones en curso que, a su entender, "deberán suspenderse hasta que no dispongan de crédito suficiente". Sobre las ayudas a la rehabilitación privada -810.368 euros que el PP denomina "gasto social"- el interventor revienta la burbuja: "No se acredita la existencia de un plan de ayudas públicas para estas actuaciones que justifique la consignación prevista". De nuevo, el pastel se viene abajo. No se sostiene.

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