DECEPCIONANTES, insuficientes y preocupantes. Así ha calificado el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, las bases de la propuesta formulada por el vicepresidente Solbes para la reforma del sistema de financiación de las autonomías. ¿Hay quién dé más en materia de rechazo entre gobiernos amigos? Parece que no.

Como acababa de predecir José Montilla -auguró que le iba a dar problemas a Zapatero-, la propuesta del Gobierno no satisface ni poco ni mucho las aspiraciones de Cataluña, consagradas en su Estatuto de Autonomía. Ni Solbes la ha pactado bilateralmente con la Generalitat, sino que la llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el resto de las comunidades, ni el porcentaje de cesión de los impuestos especiales es el recogido en la norma estatutaria, ni se va a alcanzar un acuerdo antes de la fecha prevista del 9 de agosto, ni se ha concretado qué "servicios sociales" van a integrar la cesta de asuntos garantizados por la solidaridad (es decir, detrayendo fondos de las regiones ricas a las pobres) ni cómo se va a calcular el coste de estas aportaciones solidarias.

La complejidad de la financiación autonómica supone objetivamente una gran dificultad para llegar a un nuevo sistema con el beneplácito de todos. De hecho, otras comunidades autónomas han adelantado sus quejas y todas querrían ver matizado el criterio de la población como eje básico del reparto de fondos por aquellos otros factores que más les favorecen (población escolar, distancias geográficas, despoblamiento, número de inmigrantes...). Se impondrán, sin remedio, la cesión y el tira y afloja para cuadrar este auténtico sudoku. Siempre ha sido así.

Con Cataluña el problema es distinto. Especial. Desde hace bastante tiempo Cataluña cree haberse ganado el derecho a un tratamiento diferencial con respecto a las demás comunidades autónomas. Cree también, razonablemente, que es injusto que sus ciudadanos contribuyan -como Baleares, Madrid o Valencia, por otra parte- a la saca común mientras vascos y navarros, de manera increíble, reciben más de lo que dan. Los motivos de esta discriminación son históricos, pero en este punto Cataluña despliega un pedigrí histórico y nacional no comparable a otros territorios y, sobre todo, que le reconoció Zapatero en la negociación final de su Estatut. De ahí viene el problema: Zapatero no quiso enterarse de que las peculiaridades consagradas en el Estatut y la bilateralidad parcial que se firmó entonces tendrían consecuencias.

Pensó tal vez que sólo iban a tener un sentido simbólico y emocional. Craso error. Ignorancia, voluntaria o no, de las fuerzas que mueven la historia. A ver cómo encaja este sudoku.