JOSÉ Blanco, ministro de guardia en estos últimos días de agosto, está preparando a la opinión pública para el fuerte ajuste del gasto al que el Gobierno se verá obligado en los Presupuestos del año 2010 debido a la caída de la recaudación por motivo de la crisis. De momento, Blanco ya ha anunciado que se subirá el impuesto de las rentas más altas, y ayer también se mostró favorable a congelar el sueldo de los funcionarios de las administraciones públicas, sin que ello suponga, en su opinión, una merma del poder adquisitivo debido a los niveles negativos de la inflación. En efecto, el Gobierno no va a tener más remedio que disminuir los gastos en 2010, unos 9.000 millones de euros respecto al presente año, y la congelación del sueldo de los funcionarios parece una medida en principio correcta que afectaría a 2,6 millones de españoles. Los empleados públicos que han podido conservar sus trabajos con mayor facilidad que el resto de los trabajadores durante estos duros meses apenas han notado los efectos de la crisis - los precios y las hipotecas llevan bajando más de un año-, de ahí que una congelación salarial o una subida de menos del 1% no tendría por qué mermar su poder adquisitivo. La medida del Gobierno afectaría a todos los funcionarios, por lo que las cuentas de las comunidades autónomas se verían beneficiadas por esta decisión estatal. Ahora bien, es cierto que en los matices se encuentra el acierto, y también hay trabajadores públicos con sueldos muy bajos a los que se les podría modular la congelación. En cualquier caso, nada concreto se sabe aún, ni sobre la subida de impuestos a las rentas más altas ni sobre la congelación salarial, puesto que las continuas declaraciones de José Blanco parecen ser más un tanteo del terreno que una decisión tomada, ya que ni en el propio Gobierno hay unanimidad sobre ello. Y esto, lamentablemente, no es nuevo: la creencia de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero actúa como un improvisador ante la crisis es algo más que una sensación. En varias ocasiones, desde el PSOE se ha acusado a Mariano Rajoy de que su única fórmula para sanear las cuentas del Estado fue una medida que él adoptó siendo ministro de Administraciones Públicas: la congelación de sueldos de los funcionarios. Otro ejemplo: la deducción generalizada de los 400 euros en el IRPF para animar el consumo es una medida contradictoria con las ahora planteadas. Nadie lo reclamó. Técnicos de Hacienda opinan que su eliminación tendría los mismos efectos que la subida de impuestos a las rentas más altas.