CON la intervención de Cajasur y la integración de Cajagranada en el SIP liderado por Caja Murcia, junto a las del Penedés y Baleares, el proyecto de caja única en Andalucía se desvanece. Son las contribuciones andaluzas a la profunda reforma del mapa financiero de las últimas semanas, a la espera de los movimientos que con toda seguridad se producirán en las dos siguientes. Todavía quedan entidades sin resolver sus problemas de morosidad y solvencia, que deben afrontar su adaptación a la nueva normativa sobre provisiones y que, sobre todo, continúan sin resolver sus problemas de exceso de estructura y de capitalización. Además están las exigencias del Banco de España, el anuncio de que no habrá prórroga para el FROB y la perspectiva de Basilea III y del cambio en la normativa reguladora de las cajas.

La opción SIP (Sistema Institucional de Protección) permite la unión entre entidades que, si se diseña adecuadamente, debe facilitar la recomposición de los equilibrios financieros dañados en las entidades más debilitadas y mantener marcas e identidades territoriales. También permite la permanencia de los órganos de dirección individuales, aunque con autonomía limitada, según los términos que se pacten, y la posibilidad de administrar su cuota de obra social, así como la posibilidad de recibir ayudas del FROB, siempre que se comunique la iniciativa antes del 15 de junio. En abril se introdujeron precisiones regulatorias que, entre otras cosas, establecen que los SIP tienen personalidad jurídica propia y diferenciada y que las funciones de coordinación se ejercerán desde un órgano central en el que participan y al que se subordinan las entidades integradas. Esto no quiere decir que con la integración en una SIP se avance en la despolitización de las cajas y se soluciones los problemas de capitalización, para lo cual habrá que esperar al cambio de normativa. Lo que sí puede afirmarse es que tras el fiasco de Cajasur y la integración de Cajagranada en el proyecto liderado por Caja Murcia, la ilusión de un sector financiero propio, capaz de vertebrar tejido productivo en Andalucía, debe ser revisado en profundidad, o quizá descartado definitivamente. Es de suponer que también se desinfla el proyecto de alianza estratégica en torno al Banco Europeo de Finanzas que en su momento impulsaron las cajas y la propia Junta de Andalucía y en el que tanto la caja granadina como la cordobesa poseen el 16,5% del capital.

Los movimientos continúan, aunque uno no sabe cómo interpretar la afirmación del presidente Griñán de evitar cualquier tipo de obstáculo nacionalista a la vocación mediterránea de Cajagranada. Es de suponer que sigue rechazando la imagen de un mapa nacional de entidades financieras con un clamoroso vacío en la mitad meridional de península, con la caja murciana y Cajamar como únicas excepciones. Entiendo que no va a permitir un nuevo movimiento estratégico con entidades andaluzas involucradas y que pueda volver a pillarles mirando hacia otro lado, por lo que no resulta descabellado imaginar que alguien debe estar trabajando en reproducir en Andalucía el modelo gallego de integración de sus dos grandes cajas.