LA ministra de Sanidad está decidida a endurecer la ley antitabaco y ya tiene desde junio el beneplácito del Congreso. Pero no es tan fácil la cosa: los trámites de evaluación del cumplimiento de la ley que entró en vigor en enero de 2006 retrasan esta urgente medida. Sólo 40.000 establecimientos públicos españoles han habilitado espacios libres de humo de los 350.000 que lo deberían haber hecho. La resistencia de los fumadores es superior al respeto a la ley. Se hacen chistes sobre el lema el tabaco mata de los paquetes de cigarrillos. Hay quien lo prefiere a ese otro que dice que produce impotencia.

Pero el asunto tiene poca gracia. El número de muertos por tabaco en el mundo ronda los tres millones de personas al año. Que en España son 50.000 y en Andalucía, unas 10.000. El problema es que no sólo mueren los fumadores activos, sino que es extraordinaria la cifra de fumadores pasivos que son víctimas del vicio de sus vecinos de casa, trabajo u ocio. Pueden ser unas tres mil personas las que fallecen todos los años en España por el humo de los demás. La mayor parte de ellos son contaminados en los lugares de ocio.

Elena Salgado, la actual vicepresidenta económica del Gobierno, fue la madre de la ley vigente. Una ley llena de buenas intenciones, cuyo cumplimiento "deja mucho que desear", según ha reconocido este fin de semana Trinidad Jiménez en unas declaraciones a la Agencia Efe. La ministra cree que los bares mantendrán su clientela aunque no se pueda fumar. Yo creo más bien que los bares mantendrán su clientela a base de hacer la vista gorda. Afortunadamente, como en tantos otros asuntos de la vida diaria, la Unión Europea viene a nuestro rescate: la comisaria de Salud de la Comisión Europea, la chipriota Androulla Vassiliou, acaba de proponer al Consejo de Ministros que antes de 2012 se prohíba fumar en lugares públicos en toda la UE. Actualmente sólo 10 países tienen leyes antitabaco exhaustivas, encabezados por el Reino Unido e Irlanda, donde la prohibición de fumar en los pubs fue un drama nacional.

El asunto de los bares parece el más peliagudo: una encuesta del Eurobarómetro indica que un 84% de los europeos está a favor de la prohibición de fumar en el trabajo, pero que ese porcentaje baja al 77 en los restaurantes y desciende hasta el 61% en los bares y pubs. La condescendencia con amigos y familiares sigue facilitando la permisividad social contra uno de los riesgos más serios para la salud de los ciudadanos. Es como luchar contra gigantes. Por cierto, que la Junta fue la primera administración europea en demandar a las compañías tabaqueras por el coste sanitario derivado de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Fue en 2002. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Que se lo digan a la consejera, que además es médica: aunque evita hacerlo en público, no ha conseguido dejar de fumar.