UNA de cal y una de arena. El Fondo Monetario ha pasado en pocos días de tirar por tierra las previsiones económicas del Gobierno de España a solicitar públicamente la suavización de los objetivos de déficit público que persigue el Ejecutivo y que habrá de ser considerada por la Comisión Europea de modo inminente. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, había impugnado el pasado martes el optimismo del Gobierno Rajoy al pronosticar una contracción notable de la economía española, cifrándola en el 1,6% del Producto Interior Bruto, y descartar que la salida de la recesión se vaya a producir en 2014 a pesar del crecimiento augurado para ese año (0,7%), insuficiente para garantizar la reactivación y la creación de empleo. Estos datos se acercan a los previstos por el Banco de España y la UE y están muy alejados de los contemplados por el Gobierno en la elaboración de los presupuestos, configurando un escenario pesimista para los próximos años, en el que se llega a diferir hasta 2018 el comprometido control del déficit público. Pero de la mano del déficit público llegó ayer la buena noticia, a la que puso firma la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Examinados los datos del presente y las previsiones del citado organismo, Lagarde ha concluido que España debe suavizar su política de ajustes si no quiere agravar la crisis y empeorar las dramáticas cifras de paro en las que se ha instalado. Su mensaje es de flexibilidad: los ajustes y recortes siguen siendo necesarios para lograr la consolidación fiscal y el saneamiento de la economía, pero no hay necesidad de insistir en un ajuste tan rápido como el inicialmente impuesto. Ni necesidad ni conveniencia, puesto que la rigidez en el ajuste en poco tiempo abortaría cualquier posibilidad de repunte económico. Ahora bien, esa es la posición del Gobierno español desde hace meses, apoyado e incluso empujado por la oposición mayoritaria. Rajoy persigue que Bruselas autorice a España a proseguir en la búsqueda del equilibrio presupuestario, pero con más flexibilidad en cuanto a los objetivos fijados para cada año. Se trata de dosificar la austeridad, no de abandonarla. Hay un elemento de política interna a no desdeñar en esta tesitura: en la medida en que la UE flexibilice los objetivos del déficit para España será posible que también el Estado autorice la flexibilización de los déficits de las comunidades autónomas. Esta segunda consecuencia ayudaría a quitar tensiones territoriales en el seno de la España de las autonomías, además de redondear el objetivo principal: evitar que el remedio de la austeridad sea peor que la enfermedad de la recesión. Incluso mortal.