editorial

La trama de Mercasevilla

EL jurado popular emitió ayer, por ocho votos contra uno, un veredicto de culpabilidad contra el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y los dos máximos directivos de la empresa pública Mercasevilla, absolviendo a la alta funcionaria que estaba igualmente imputada. El jurado los considera culpables de un delito de cohecho y estima probados los hechos básicos del caso: que Rivas y los dos gestores se pusieron de acuerdo, "con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito" para exigir a dos empresarios sevillanos una "mordida" de 450.000 euros a cambio de otorgarles la gestión de una Escuela de Hostelería asociada al mercado central de la capital andaluza, que había sido subvencionada precisamente por la Consejería de Empleo de la que Rivas ostentaba la delegación provincial. Los empresarios llegaron a grabar una de sus conversaciones con los gestores de Mercasevilla en la que se oyen expresiones como "la Junta colabora con quien colabora" y la sugerencia de que el pago se hiciera en efectivo y en un maletín "olvidado", indicativas, al decir de los miembros del jurado, de que se estaba cometiendo un delito de cohecho, por el que el Ministerio Fiscal ha solicitado una multa de 900.000 euros y veintiún meses de inhabilitación. La importancia de este fallo reside en que involucra en una práctica corrupta a un alto cargo de la Junta, corroborando la validez de la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya, y en que el caso Mercasevilla constituye el germen del que posteriormente es conocido como el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, cuyas diligencias prosiguen, con la imputación, entre otros, de un ex consejero de la Junta y un ex director general: el mayor escándalo de corrupción que ha protagonizado el Gobierno autonómico, centrado en el funcionamiento de una trama organizada para distribuir fondos públicos fuera del procedimiento reglamentario y en beneficio de personas ajenas a las empresas que recibían las ayudas.

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