LA noticia de que dos terroristas de ETA que cumplen elevadas penas por 23 asesinatos cada una, han sido trasladadas desde las cárceles en que se encontraban a otras, una próxima y otra en el propio territorio vasco, ha generado alarma social e indignación en la Asociación de Víctimas del terrorismo. En principio, no parece objetable que el Gobierno legítimo de la nación utilice la política penitenciaria como instrumento eficaz de la lucha antiterrorista. Las políticas de alejamiento o acercamiento de presos etarras ha sido practicada por todos los gobiernos democráticos con un criterio compartible: ayuda a descomponer el colectivo de presos para que no actúe como un grupo de presión al servicio de ETA, discrimina a los reclusos en función de su evolución con respecto a la violencia, permite un tratamiento diferenciado a aquellos que se apartan de la disciplina etarra y, en resumidas cuentas, debilita a la banda en un momento de máxima agonía. No obstante, estas medidas en beneficio de terroristas sanguinarias -una de las cuales no ha mostrado ningún síntoma de arrepentimiento o ruptura con ETA- deben adoptarse con sumo cuidado y sensibilidad, búsqueda del consenso entre las fuerzas políticas democráticas e información suficiente para que sean percibidas como mecanismo, efectivamente, de debilitamiento de la organización. Aunque la política antiterrorista ha experimentado un cambio para bien desde el fracaso del llamado proceso de paz emprendido por Zapatero y el quehacer del Ministerio del Interior ha sido en los últimos tiempos eficaz y transparente en los objetivos, hay que cortar de raíz cualquier posibilidad de que la sociedad perciba que el Gobierno intenta un nuevo acercamiento a ETA. El presidente del Gobierno acaba de subrayar de nuevo que la única salida para ETA es el abandono de las armas, es decir, su derrota a manos del Estado democrático. El ministro del Interior debe garantizar que, en efecto, no se buscan atajos e informar discretamente a los sectores implicados sobre las razones de cada medida de política penitenciaria que beneficie a algún terrorista. No debe haber equívocos al respecto.