fernando Rodríguez Villalobos

El trile de la reforma local

Una reflexión sobre un cambio legislativo con polémica.

HAY que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto (…). Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros pasará a costar el doble".

Aunque la suscribo, esta reflexión en torno a las repercusiones de la reforma local sobre los servicios sociales que ahora gestionan losayuntamientos no es mía. Son palabras de la consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Milagros Marcos. Es decir, son manifestaciones de una persona que forma parte del gobierno del PP que regenta esa comunidad autónoma desde hace muchos años.

Y es que, como vengo diciendo hace tiempo, la reforma local ha tenido la virtud de colocar a todo el mundo enfrente, incluso a los propios alcaldes del PP y, como ahora vemos, también a sus puestos de responsabilidad en las comunidades que gobiernan.

Porque, en esa línea, el presidente de esa misma autonomía, Juan Vicente Herrera, ha manifestado que la reforma local deberá "adaptarse a las singularidades de cada territorio porque más allá de Madrid hay mucha más España", y exige que "no se despoje a los municipios de competencias en materia social" porque, eso, dice Herrera, puede llevar "al cierre de esos servicios".

Por tanto, a las críticas que la ley de reforma local ha venido recibiendo desde el principio por parte del municipalismo, en este tramo final se suman las voces discordantes que desde las comunidades autónomas se unen al debate, previendo lo que se les viene encima en un momento tan delicado como el actual.

Y para ahondar en lo que planteo, me remitiré a la realidad a la que se tendrá que enfrentar, por ejemplo, el Gobierno andaluz, una vez mandate la nueva ley a los ayuntamientos a delegar todas las competencias en materia social a la escala autonómica de gobierno.

Ocurrirá entonces que, al recorte de 1.200 millones al que está obligando el Ministerio de Hacienda a la hora de hacer el presupuesto andaluz, es decir, a esos 1.200 millones menos de ingreso, habrá que sumarles otros 503,4 millones de gasto, que es el coste adicional que ha calculado la Consejería de Administración Local que supondría asumir esas competencias, hasta ahora de ámbito municipal.

Es decir, que el agujero para hacer el presupuesto autonómico, en lugar de ser de 1.200 millones, sería de 1.700. Eso sí, cabe pensar de manera maliciosa y, viendo el tratamiento que se le está dando a estos servicios sociales en autonomías del PP, imaginar que lo que pretenden es que esas prestaciones dejen de existir, abandonando a su suerte a los que más lo necesitan en esta difícil coyuntura de crisis.

Y es que, en todo esto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha venido ensayando el juego del trile, para hacernos creer que la bolita de los servicios sociales pasará sin más de un vasito -el municipal- a otro -el autonómico-, contentando a todas las partes y sin rechistar alguno.

Pero la realidad, una vez más, vuelve a empecinarse en demostrar, lamentablemente, lo contrario. Y Montoro debería poner oído a lo que le están diciendo desde su propio partido, desde sus propios ayuntamientos y comunidades autónomas. Y lo que le están diciendo es que la reforma local no se sostiene cuando pretende endosar a las comunidades autónomas el gasto y las competencias de unos servicios perfectamente prestados y estructurados desde hace tres décadas por los gobiernos municipales, que las autonomías no están dispuestas a asumir esos gastos y que, lo peor de todo, el ahorro del que habla el ministro no sólo no se va a producir, sino que se experimentará incluso un aumento del coste.

Y el colmo del absurdo. Los que más perderán, como siempre con este gobierno, serán los ciudadanos. Porque sólo en Andalucía, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la reforma afectará a un millón de usuarios de servicios sociales, de los que 500.000 serán directamente expulsados del sistema.

En clave de empleo, son 30.000 los que se juega Andalucía, entre los que figuran, por ejemplo, 2.078 empleados en residencias de mayores, 1.675 trabajadores sociales, 858 educadores y monitores y 1.195 administrativos de servicios auxiliares.

Es hora, por tanto, de que algunos abandonen ciertas prácticas de timo, truco y engaño con los vecinos y vecinas de los más de 8.000 municipios españoles. Y es momento también de que dejen de señalar 2014 como el año del adiós definitivo a la crisis mientras siguen, con reformas como la local, propiciando dramas y desprotección a miles de familias, a base de jugar al trile con el gasto social.

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