UNO de los problemas que la democracia española no ha sido capaz de resolver a lo largo de sus más de cuatro décadas de vida ha sido el de la politización de la Justicia. Con los gobiernos socialistas y con los gobiernos del PP, en el de la nación y en los de las comunidades autónomas, en ayuntamientos de grandes ciudades y de pequeños pueblos, la Justicia se ha intentado instrumentalizar para conseguir fines políticos, muchas veces, desgraciadamente, con éxito. Lejos de disminuir con la consolidación del sistema de libertades, la utilización partidista de los sumarios ha ido a más. En Andalucía no hemos sido ajenos en los últimos años a la utilización sectaria de los principales sumarios que han afectado a la Junta de Andalucía. Como las investigaciones judiciales se están prolongado tantísimo -todavía estamos lejos de la primera sentencia en alguna de las macrocausas que afectan a la Administración autonómica- ha habido tiempo para todo y los mismos que antes ensalzaban a una instructora y la ponían como ejemplo de la efectividad de la Justicia atacan ahora a su sustituta y la acusan de comportamientos incompatibles con la ética, con tal de arrimar el ascua a su sardina. Dos asociaciones judiciales, entre ellas la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, salieron ayer en defensa de María Núñez Bolaños, la titular del juzgado en el que recae la investigación tanto del caso de los ERE como el de los cursos de formación. Núñez Bolaños sustituyó a Mercedes Alaya cuando ésta decidió optar a una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla. Entienden los colectivos judiciales que Bolaños es víctima de "una tendenciosa campaña partidista (…) con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado, insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas". El pronunciamiento de las asociaciones de jueces es de una enorme gravedad y tiene pocos precedentes en la historia judicial española. Pero llueve sobre mojado. La larga instrucción de los ERE y, más recientemente, la de los cursos de formación se han visto interferidas por indeseables episodios políticos. Es hora de terminar de una vez por todas con actuaciones tan lamentables y dejar actuar a la Justicia con profesionalidad, porque lo que está en juego no es otra cosa que el equilibrio de los poderes del Estado y la propia esencia de la democracia.