LOS jueces no trabajan como los funcionarios de ventanilla, adonde uno acude y coge número o guarda cola para que le atiendan. Los jueces, y también los de instrucción, son quienes marcan la pauta de su agenda, entre citaciones, vistas, juicios, interrogatorios, guardias, etcétera. Los ciudadanos se entrevistan con los jueces cuando éstos les comunican qué día y hora deben comparecer. Si alguien quiere denunciar una ilegalidad, tiene a su disposición los juzgados de guardia para testimoniar el asunto de inmediato. Pero nadie se presenta en los juzgados para que le reciban y le escuchen que es inocente de lo que todavía ni se le ha imputado ni se le ha pedido opinión. Nadie lo hace porque nadie es recibido sobre la marcha para esa finalidad.

De sobra conoce los procedimientos Manuel Marchena, el alto cargo más poderoso del Ayuntamiento de Sevilla. El álter ego del alcalde Monteseirín. Por eso cabe calificar de maniobra política de cara a la galería su vana excursión de ayer ante el juzgado de Instrucción número 6 para decir que está a su disposición en relación al caso Mercasevilla para aclarar todo lo aclarable. Faltaría más. Todos los ciudadanos estamos obligados a colaborar con la Justicia. Incluso Marchena, que cobra más que Zapatero y Griñán.

Son muy graves las acusaciones del socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98. Pero lo importante es lo que determine la juez Alaya en función de si hay pruebas o si todo es munición verbal. Porque de palabra se puede acusar a alguien hasta de la muerte de Manolete, que archivado será en la papelera. En lugar de ejercer el buenismo yendo a destiempo a los juzgados, mejor le iría al Gobierno local, y a toda la ciudad, reforzar al máximo en el Ayuntamiento la transparencia en los concursos, contrataciones y adjudicaciones, con criterios objetivos que permitan erradicar la discrecionalidad. Todos los dimes y diretes judiciales de la era Monteseirín-Marchena, con asuntos de mucha o poca monta, tropiezan en esta piedra.