AUNQUE la economía y la mayor parte de las actividades de nuestra sociedad, salvo la enseñanza, se organiza por años naturales, no cabe duda de que septiembre, tras las vacaciones, se considera un retorno a la actividad, un empezar de nuevo y, en definitiva, el comienzo de un nuevo curso.

Este septiembre la vuelta a la actividad está siendo tediosa en lo económico, cansina. La persistencia de la crisis más allá de lo que era habitual en recesiones anteriores y las inciertas perspectivas sobre una pronta solución de la misma, pesan sobre el ánimo de empresarios y trabajadores. El horizonte global no ha variado excesivamente respecto a la situación previa al verano; sigue habiendo distintos ritmos en la economía mundial según la respectiva situación de los países. Los llamados emergentes mantienen los ritmos de crecimiento más elevados, siendo los ejemplos más destacados los de China y Brasil. Por su parte, EEUU y la parte central de Europa, particularmente Alemania y Francia, aunque con moderación, presentan cifras de crecimiento positivas; mientras que los países europeos de la periferia, Grecia, Portugal, Irlanda y también España e Italia, tienen mayores dificultades para iniciar la recuperación.

Con ese panorama que se viene manteniendo a lo largo todo el año, la verdad es que la situación de la economía española presenta, está presentando en los últimos meses algunos signos alentadores. Recordemos que en los dos primeros trimestres del año, el PIB español ha roto por fin la larga seria de datos negativos que se venía sucediendo desde mediados de 2008. También han mejorado sus agregados, principalmente el consumo, aunque éste se ha debido en parte a los anticipos en las compras para evitar la subida de IVA. Igualmente, la favorable evolución de las economías europeas en la primera mitad del año, especialmente la alemana, ha contribuido a mejorar el comportamiento de las exportaciones, favoreciendo, del mismo modo, la evolución del turismo, que este verano ha tenido un comportamiento bastante satisfactorio.

Todos estos indicios nos hacen, por fin, tener la certeza de que al final de túnel hay luz, si bien es verdad que el ritmo con el que avanzamos hacia la claridad es muy lento. Además, el camino es tortuoso y está lleno de obstáculos. Estas dificultades vienen tanto de las grietas que se han abierto en nuestra economía por la gestión de la crisis, como por los importantes déficit estructurales que hemos ido acumulando a lo lardo de los últimos años.

Respecto a la primera cuestión, la más grave es el enorme déficit público acumulado en los dos primeros años de la crisis. El error en la estimación de su profundidad y en la forma de afrontarla llevó a las cuentas públicas españolas desde un superávit del 2% del PIB a finales de 2007, hasta un déficit de más del 11% al cierre de 2009. En este sentido, es de alabar el esfuerzo de consolidación fiscal que está realizando el Gobierno, que pretende reducir el déficit para final de 2011 al 6% del PIB. Un esfuerzo necesario, por otro lado, para recuperar la confianza de los mercados en nuestra economía y disipar las dudas sobre la sostenibilidad de la misma. Además, dado el elevado grado de descentralización de la economía española, es imprescindible que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se impliquen decididamente en la consecución de estos objetivos.

Otra cuestión relacionada con la crisis es el elevado endeudamiento del sector privado, tanto de las entidades financieras como de las empresas no financieras y de los particulares. Indudablemente, esta desequilibrante situación nos obliga a todos a mantener una política de ahorro que, si bien es necesaria para atender las deudas contraídas, reduce de manera considerable la demanda de inversión y consumo; lo cual, a su vez, afecta a la actividad productiva.

La segunda cuestión, aunque no está directamente ocasionada por la crisis, sí se ha visto influenciadas por la misma; me estoy refiriendo a las necesarias reformas estructurales que precisa nuestra economía y que son las que lastran nuestro modelo económico.

No sé si la reforma laboral es la más importante de todas, aunque sí es de la que más se habla en la actualidad. A nadie se le escapa que el anómalo modelo de regulación laboral ha minado la productividad de nuestra economía, al tiempo que ha sido un freno a la creación de empleo fijo. Es preocupante que, después de dos años de negociación, sindicatos y patronal hayan sido incapaces de lograr un acuerdo para la regulación de este mercado, obligando así al Gobierno a proponer, vía parlamentaria, una reforma de alcance limitado.

Son muchas las reformas precisas en nuestro modelo y tiempo habrá que dedicarle a análisis de las mismas. Por ahora, y a título enunciativo, podemos tan sólo mencionar la educativa, la del sistema financiero, la política energética, etcétera. Pero hay una de la que no se suele hablar demasiado y que para mí tiene una importancia vital: la reforma del sector público. Pasados más de treinta años de la Constitución y de la implantación del Estado de las autonomías, se hace necesario realizar un balance de la situación y valorar los aspectos positivos y negativos que ha producido el modelo (en este sentido, recomiendo la consulta del magnífico volumen coordinado por el Profesor Ferraro en la Colección de Estudios Mediterráneo Económico, editada por la Fundación Cajamar). La duplicidad de regulaciones, de personal, de competencias, entre otras, está dificultando el buen funcionamiento del mercado interior y la integración en la zona euro. Reflexionar sobre la organización y alcance del sector público ante la globalización se presenta como un debate necesario en la España actual.