LOS dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, preparan una huelga general para el próximo 14 de noviembre, en coincidencia con las ya convocadas en Portugal y Malta y con otras movilizaciones sindicales en la mayoría de los países de la Unión Europea. Será la segunda huelga general contra el Gobierno que preside Mariano Rajoy, después de la organizada el 29 de marzo en protesta por la reforma laboral. Costaría encontrar un caso semejante en la Europa democrática de dos huelgas de carácter político planteadas frente a un Ejecutivo que lleva menos de diez meses en el ejercicio de su poder legítimo. Hay que decir que las centrales sindicales españolas insisten, pues, en un camino equivocado y arbitrario. No porque no exista un malestar social generalizado como consecuencia de las políticas de ajuste duro y los importantes recortes realizados en el nivel de vida y las prestaciones del Estado a los ciudadanos. Pero la solución no puede ser la huelga general, que causará daños innegables a las empresas que tratan de salir adelante en medio de una crisis profunda y duradera y, sobre todo, a la economía nacional necesitada de ofrecer una imagen de estabilidad y compromiso de sus obligaciones ante los mercados financieros y los aliados europeos llamados a prestar su ayuda, con o sin rescate. En definitiva, lo que menos necesita España es la convulsión social que lleva aparejada una huelga general y la incertidumbre que genera entre los inversores y acreedores. Por lo demás, la experiencia de las últimas convocatorias de huelgas generales enseña que su éxito depende menos de la voluntad libremente expresada de los trabajadores convocados que de la acción de los piquetes y los liberados sindicales, que obligan a parar momentáneamente a muchos asalariados y a cerrar comercios a su paso y que centran su actuación en sectores estratégicos cuya paralización puede dar la impresión errónea de un seguimiento masivo. Los sindicatos están errando y no se puede decir que arrimen el hombro ante las dificultades del país.