NUESTROS diputados autonómicos saben leer, pero no saben hablar. La sesión de control al Gobierno en el Parlamento regional, el jueves, puso de manifiesto algo que ya sabíamos. Nuestros diputados no saben hablar en público sin un papel que traigan escrito de casa, hasta con las réplicas. Salvo contadas excepciones, no saben improvisar, razonar, argumentar sin la ayuda de un texto, que leen malamente. ¿De quién es la culpa? Del sistema de educación español, que a diferencia de los anglosajones o nórdicos no enseña en la escuela a hablar en público. Tampoco enseña idiomas extranjeros. Aquí hemos sido siempre de memorizar.

Por esos mundos enseñan a razonar en público. Y tienen eficientes métodos pedagógicos para los idiomas. Y hábitos más saludables en sus televisiones públicas, que programan películas en versión original subtitulada. Los británicos son maestros en elocuencia, gracias a su escuela. Sus políticos destacan sobre el resto; incluso los más torpes. Recuerdo a un primer ministro poco carismático, el sustituto de Margaret Thatcher, John Major. Al término de la cumbre de Maastricht, en la que se aprobó el Tratado que creaba la unión monetaria que ahora se derrumba, ya de madrugada leyó un mazo de folios con las conclusiones del consejo de manera notabilísima. Y terminó entusiasmado por quedarse fuera del euro: "¡Juego, set y partido para el Reino Unido!".

Aquí tiramos ingenio. Un diputado andaluz en la sesión del jueves utilizó un término que diagnostica una enfermedad que padece nuestra clase política en su conjunto: el VHR. El virus de la herencia recibida. Atacado de este virus el actual Gobierno se dispone a lanzar la séptima ley orgánica de educación de la democracia. Y lo hace, como en los casos precedentes, sin encomendarse a consenso alguno. O sea, que tenemos una nueva ley de educación para la primaria, secundaria, formación profesional básica (nuevo concepto) y bachillerato. Y como si fuese una maldición bíblica, estará en vigor hasta que llegue otro y la cambie, víctima del VHR.

El anteproyecto limita la capacidad de las autonomías para establecer contenidos diferentes. Y hace un esbozo de itinerarios, con una FP básica para los que no sean capaces de terminar la ESO, y dos caminos después para quienes opten por una FP de grado alto o estudios superiores. Por otro lado, consagra la subvención a los colegios concertados que separan por sexo. España perdió hace décadas la posibilidad de establecer un sistema público, gratuito, mixto y laico, a la francesa. Pero tampoco encuentra un modelo propio. Nuestros políticos discuten hasta si debe haber una asignatura de educación para la ciudadanía o de educación cívica y constitucional. No se ponen de acuerdo en nada. Entre tanto, uno de cada cuatro alumnos no termina la primaria. Y los que llegan a diputados saben leer, pero no saben hablar.