EL Gobierno de la Generalitat estudia la imposición de una tasa sobre las viviendas vacías que trata de impulsar el alquiler y reducir el amplio censo de casas no utilizadas que coexiste con un elevado número de familias sin vivienda. El consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern catalán ha anunciado la posible puesta en marcha de este nuevo impuesto, que hará de Cataluña la comunidad autónoma con una mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos, en tanto que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que visita nuevamente Bruselas, ha matizado que el asunto se encuentra en estudio, sin que haya sido adoptada aún la decisión pertinente. El impuesto, en cualquier caso, no afectará a las viviendas vacías de propietarios particulares, sino a las que son propiedad de bancos y promotores inmobiliarios. El consejero calcula que existen en Cataluña alrededor de 80.000 pisos vacíos de estas características. La medida, que no será objeto de ley específica, sino que se pretende incorporar a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el año 2013 -todavía sin aprobar-, va en la misma línea que el decreto de la Junta de Andalucía que acaparó la atención nacional hace dos semanas, si bien es más limitado, ya que no recoge, como aquél, la paralización de los desahucios ni la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias que no los saquen al mercado. También el Gobierno de Canarias mostró días atrás su disposición a impulsar alguna iniciativa encaminada a frenar los desalojos y activar el mercado de la vivienda. Las restantes comunidades autónomas se han declarado, por el contrario, reacias a intervenir en el sector de la vivienda con actuaciones de semejante tenor, discutidas por una parte de la opinión pública por su cuestionamiento del derecho de propiedad y por las dudas existentes acerca de su eficacia real para afrontar el drama de los desahucios de primeras viviendas más allá de soluciones puntuales para las familias de menos recursos. Muy distinto es el enfoque que ha dado el Gobierno de la nación a la misma problemática. Aunque ha rechazado las demandas básicas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el PP sacó adelante en el Congreso de los Diputados un programa de acción que circunscribe la ayuda a evitar desahucios al colectivo de familias más necesitadas, obliga a los bancos a renegociar las deudas contraídas por los hipotecados y faculta a los jueces a paralizar los desalojos si encuentran cláusulas abusivas en las hipotecas examinadas. Son dos modos diferentes, y en cierta manera contradictorios, de enfrentarse a uno de los problemas sociales más acuciantes del país.