editorial

La vuelta de los presos de ETA

LA dispersión de los presos de ETA por prisiones alejadas del País Vasco ha sido uno de los instrumentos utilizados durante décadas en el marco de la política antiterrorista. Digamos que mientras su persecución, procesamiento y encarcelamiento eran medidas policiales y judiciales, la dispersión fue una decisión política, con la que se intentó que ETA no siguiese mandando sobre sus militantes en las cárceles. La dispersión consiguió algunos efectos, como el caso de la disolución de los llamados polimilis y favoreció la salida de la banda de algunos de sus miembros más destacados. Ahora se abre un nuevo tiempo con el anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia. Es un asunto que deberá abordar el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de acuerdo con el principal partido de la oposición, el PSOE. Primero, se debe verificar que la voluntad de ETA es irreversible y que su final es el abandono y la entrega de las armas. Valiéndose de esta declaración, los presos de ETA, constituidos como tales, como miembros de esta banda, y Bildu han solicitado el acercamiento en bloque a las cárceles del País Vasco. Esto, de momento, es inaceptable: no el acercamiento, sino la adopción de una medida que no discrimine entre quienes, realmente, están dispuestos a solicitar el perdón a las víctimas y a aceptar la disciplina del régimen penitenciario y quienes mantienen de facto el antiguo frente de makos; esto es, una sección más de ETA. El acercamiento ya se ensayó durante la tregua de la banda terrorista con el Gobierno de Aznar, ha seguido con casos concretos con Rodríguez Zapatero y seguirá con Rajoy. El acercamiento se debe producir mediante solicitudes individuales, del mismo modo que los beneficios penitenciarios. No hay que olvidar que muchos presos de ETA no acceden a grados más livianos porque ETA se lo impide: son doblemente presos. Incluso, algunos de ellos podrían pasar amplios períodos en la calle. Una cuestión muy diferente es la eliminación de la llamada doctrina Parot, que sólo corresponde a los tribunales y no a los gobernantes.

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