La Junta de Andalucía ha cambiado de opinión y no se opondrá a la creación de una tasa que grave las visitas turísticas a nuestra tierra. Pese a que hace un año se mostró en total desacuerdo cuando el Ayuntamiento de Sevilla propuso esta posibilidad, ayer dejó claro que, aunque renuncia a la creación de un impuesto andaluz en este sentido, sí dará libertad a las corporaciones municipales de la región para que creen dicha tasa si lo estiman conveniente. Antes, evidentemente, habrá que cambiar la actual normativa autonómica que lo prohíbe.

La creación de una nueva tasa siempre es un asunto polémico y complicado. De hecho, el sector turístico, de vital importancia en nuestra economía, rechaza de plano dicha posibilidad que, lógicamente, encarecerá la oferta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque el turismo es un gran generador de empleo y beneficios económicos, también genera importantes costes a los ayuntamientos, los cuales apenas se aprovechan de dicha actividad. Aunque en España sólo Barcelona -la capital que más sufre los efectos del turismo- ha impuesto dicha tasa, son muchas las grandes ciudades europeas que la usan para recabar fondos. El debate lo vemos no en la necesidad de crear una tasa turística o no, sino en qué deben gastarse los fondos que se recauden. A nuestro entender, el dinero debe ir principalmente a remedar en lo posible los efectos nocivos que, a veces, tiene el turismo en las ciudades: suciedad, pérdida de autenticidad de los espacios, ruidos, expulsión de los nativos de los cascos antiguos, etcétera. Asimismo, es importante que los fondos se dediquen a la correcta conservación del patrimonio histórico y natural de los lugares donde se aplica la tasa. El turismo es uno de los principales beneficiados de que los monumentos y lugares estén abiertos y remozados y, por tanto, es lógico que colabore en ello. Otros posibles usos, como la promoción turística de las ciudades, nos parecen acertados, pero no prioritarios.

Otra cuestión es a cuánto debe ascender el importe de dicha tasa, si se cobra por persona y noche y si afecta también a niños o personas de la tercera edad. En este asunto habrá que hilar fino para que la tasa no sea un inhibidor de la demanda -cosa que no ha ocurrido en ninguna de las ciudades donde se ha puesto en marcha- ni que agobie demasiado a las familias o a los colectivos menos favorecidos.