Rajoy acierta al instalarse en Barcelona

En estos días se visualiza que un cuerpo como los Mossos, la Policía integral en Cataluña, no debe quedar bajo mando de la ilegalidad

En España contamos con la desgraciada experiencia de haber pasado por la politización de un atentado. Los hechos del 11-M fueron tan amargos y, en ocasiones, tan bochornosos, que en esta ocasión ni los partidos ni los gobiernos -central y autonómico- han caído en el enfrentamiento partidista, a pesar de que la situación institucional es mucho más grave ahora que la vivida hace 13 años. Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat quisieron dar una muestra de unidad ayer en la plaza de Cataluña, a escasos metros de donde un terrorista acabó con la vida de 13 personas y causó daños a un centenar. La participación de Felipe VI en el acto de Barcelona es inédita, pero la Corona envía así un doble mensaje de unidad a la ciudadanía barcelonesa y española. Sin embargo, no deja de ser chocante que el primer comité de crisis en el que han participado Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se produjese al mediodía de ayer, cuando el presidente del Gobierno se encontraba en Barcelona desde el día anterior. Rajoy ha estado acertado al trasladarse con parte de su Gabinete a la ciudad y del todo correcto al dejar que los Mossos, como Policía integral desplegada en el territorio, lleven la iniciativa en la actuación y en la investigación. Pero hay que recordar que la lucha antiterrorista es una competencia del Gobierno de la nación. La actitud de Mariano Rajoy durante estos días es la misma que viene desplegando desde que estalló el conflicto independentista: actuar desde una escrupulosa legalidad sin dar ningún tipo de excusa ni de argumento a quienes vienen deseando que el Gobierno actúe con contundencia. En ocasiones se ha echado en falta una posición más explícita, pero es preciso reconocer que la estrategia da sus frutos. El retraso de la entrada en el Parlament de la llamada ley del referéndum es una prueba de esta pérdida de rumbo. Tiempo habrá de analizar si la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía autonómica catalana es tan eficaz como se publicita en estos días, pero ha quedado tremendamente claro que un cuerpo de estas características, que vela por el cumplimiento de la ley y de la Constitución en todo este territorio, no puede estar en manos de quien se ha colocado fuera de estos planos. Ojalá que los atentados de Barcelona y de Cambrils sirvan, al menos, para que los independentistas entren en razón. Si no es así -y apenas hay motivo para la esperanza-, el Gobierno debe asegurarse que los Mossos permanezcan en el campo de la legalidad.

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