Horizonte con menos nubes en el panorama económico de Andalucía para este 2018 que acaba de iniciar. Sobre todo, si se compara con el de los años inmediatamente anteriores. El grupo de estudios dependiente de Unicaja Banco, la principal entidad financiera de la región, adelantaba el pasado jueves que el crecimiento estimado del PIB se va a situar en un 2,6%, cuatro décimas menos que el que se espera para el cierre de 2017, a punto de conocerse de forma oficial, pero aun así una tasa que permite un relativo optimismo. El desempleo, el gran problema estructural de nuestro tejido productivo, se podría quedar rozando el 24%, ocho puntos por encima de la media nacional. Ahí sigue estando el talón de Aquiles de la economía andaluza: en su incapacidad para generar empleo en cantidad y calidad suficientes para cubrir la demanda de su enorme población activa. Pero incluso en el campo del empleo hay noticias positivas. La Encuesta de Población Activa que cierra el balance del año pasado, que también se hizo pública el jueves, señala de nuevo a Andalucía como la comunidad autónoma que lidera la caída del paro y el alza del empleo. La región aportó en 2017 uno de cada cuatro nuevos trabajos creados en España y una de cada tres salidas del desempleo. Ello indica, indudablemente, un dinamismo económico que hay que aprovechar. Pero desgraciadamente partimos de una situación tan mala que algunas cifras siguen siendo escalofriantes: el número total de parados es todavía de 960.000, el paro juvenil supera la tasa tercermundista del 62% y hay medio millón de andaluces que llevan más de año buscando empleo. Andalucía sólo puede hacer frente a esta situación aprovechando el ciclo económico alcista que se ha iniciado para impulsar la inversión productiva. Ahora es el momento de que desde la Administración autonómica se pongan en marcha las medidas necesarias para que la región sea un destino atractivo para las empresas. Todos los expertos coinciden en que hay mucho dinero buscando oportunidades y corremos el riesgo de quedarnos otra vez fuera. Propiciar la inversión consiste básicamente en crear un marco normativo que prime una fiscalidad cómoda, seguridad jurídica a prueba de vaivenes políticos e infraestructuras que hagan posible la entrada y salida de los bienes de producción. Eso se llama gestión política y es lo que hay que exigirle a la Junta de Andalucía, en primer lugar, pero también a las administraciones estatales y locales. Vivimos un tiempo de oportunidades; no las perdamos.