El caso de Juana Rivas

La Audiencia Provincial de Granada dictaminó en su momento que la madre había resuelto "tomarse la justicia por su mano"

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que llevaba en paradero desconocido desde el 26 de julio para no entregar sus dos hijos de 11 y 13 años al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, puso ayer fin a esa situación, por la que se enfrenta a un posible delito de sustracción de menores y otro de desobediencia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada había dictado una orden de detención y presentación de Rivas. Finalmente acudió ella, fue detenida y declaró ante el juez de guardia, que decretó su libertad provisional. La propia Juana Rivas, que el día anterior ignoró una citación judicial, ha podido comprobar -probablemente era lo que buscaba presentándose un día después- que el sistema judicial es garante de los derechos que asisten a los españoles. La Fiscalía pedía prisión provisional sin fianza. "No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y a seguir peleando", dijo, y después se felicitó por encontrar "un juez humano, un ser humano que me ha escuchado". Aquí hay que recordar a Rivas que la juez que, en aplicación de la legislación internacional, dictó que debía entregar los niños al padre, no es menos humana que el que la dejó ayer en libertad. El caso de esta mujer no ha dejado indiferente a nadie, ha levantado una inmensa y espesa polvareda mediática -que como era de esperar ha nublado la visión de los aficionados al vocerío más que a la reflexión- y, como tantos otros asuntos, ha dividido a la sociedad en partidarios y detractores. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tan dado a esperar y a no inmiscuirse, dudó en mostrar comprensión con Rivas a la hora de referirse a su problema. "Hay que ser consciente de lo que ha ocurrido. Tuvo que irse a vivir a Italia, ha sido maltratada dos veces... A las personas conviene atenderlas y comprenderlas, y luego viene todo lo demás", diagnosticó el presidente del Gobierno. No es la opinión de cualquiera, es la del jefe del Ejecutivo. Para expresarse en estos términos, Rajoy esgrimió la especial sensibilidad del caso. Que la tiene, pero el presidente sabe que Rivas hizo caso omiso de una orden judicial, y sabe que los dos recursos de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional fueron desestimados. Además, la Audiencia de Granada destacó que con su desaparición y la de sus hijos, la madre había resuelto "tomarse la justicia por su mano". La Constitución consagra en su artículo 14 que todos los españoles "son iguales ante la ley, sin que deba prevalecer discriminación alguna por razón de (...) sexo". Rivas cuenta con ese aval. Lo tendría que haber tenido en cuenta desde el primer momento, no ayer. Le asiste todo el derecho a "seguir peleando". Pero también -así lo han venido refrendando las últimas resoluciones de los tribunales- al padre de los niños. Los jueces dirán.

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