La imputación del presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta participación en un caso de corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras vuelve a colocarnos ante uno de los dilemas que más se repiten en el actual panorama político: ¿deben los investigados por la Justicia dimitir o debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que exista una condena? Según Ciudadanos, que permitió la investidura de Sánchez con sus votos y que por tanto es una pieza fundamental en la gobernabilidad de esta región, el político popular debe cesar inmediatamente de su cargo una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo ha llamado a declarar el próximo 6 de marzo. El partido naranja, que cuenta lógicamente con el apoyo del resto de la oposición, argumenta que la responsabilidad política justifica ya de por sí la dimisión de Sánchez sin esperar a la decisión de los tribunales. Es decir, que da igual que el presidente de Murcia sea inocente o culpable y que lo importante, en este caso, son las apariencias. Evidentemente, estamos ante una maniobra de Ciudadanos que mira más al cuidado de su marca como partido de la nueva política, especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con la corrupción, que al respeto de uno de los principios elementales de la administración de justicia.

La petición de Ciudadanos es hasta cierto punto comprensible. La historia más reciente de España está plagada de casos de corrupción que han ido minando el sistema democrático y han supuesto importantes pérdidas económicas para el erario público. Sobre todo a partir de la crisis de 2008, los ciudadanos han desarrollado una especial sensibilidad hacia una enfermedad que ha afectado a todos los partidos políticos que han tenido algún tipo de poder en nuestro país durante las últimas décadas. Sin embargo, y aunque algunos casos han sido francamente escandalosos, nada justifica que se vulnere un derecho fundamental incluso en los países no democráticos: la presunción de inocencia.

Si Ciudadanos quiere cobrarse una pieza política con la que reclamar su relevancia como partido político alternativo al bipartidismo imperante tendrá que esperar a que los tribunales de Justicia condenen -o al menos abran juicio oral- a Pedro Antonio Sánchez. Lo demás, por muchos pactos que se hayan firmado, afectará directamente a los derechos fundamentales de una persona.