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Una reforma necesaria

No se trata de reformar la Constitución a la catalana ni de acabar con la del 78 para redactar un nuevo texto

Hace años que la Constitución española está necesitada de una reforma, pero es indudable que la crisis institucional en Cataluña indica que éste es un buen momento para abordar algunos problemas que no pudieron ser previstos en 1978. No se trata de reformar la Carta Magna a la catalana ni se trata de atraer a los dirigentes independentistas a un nuevo acuerdo de convivencia en el que no querrán estar. No se trata, tampoco, de abrir un proceso constituyente para redactar un nuevo texto, sino de introducir reformas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución. Un grupo de diez catedráticos españoles, entre los que hay varios andaluces, ha redactado un conjunto de ideas para esta reforma que nos parecen dignas de atención. Coincidimos en que es necesario definir con precisión las competencias del Estado y es necesario acotar el campo de los estatutos autonómicos, que en ocasiones se han concebido como recursos para modificar la Constitución por otras vías. También es recomendable, tal como proponen, que el Senado sea una representación de las comunidades autónomas, de tal modo que estas instituciones participen y se responsabilicen de decisiones estatales. La participación actual, mediante conferencias de presidentes y comisiones sectoriales, no está constitucionalizada y más bien depende del presidente del Gobierno de turno. Del mismo modo, es necesario constitucionalizar unos principios de la financiación autonómica, cuyo primer objetivo debe ser garantizar la prestación igualitaria de los servicios básicos en todo el país. Estos catedráticos proponen que se reconozca la singularidad cultural de Cataluña de algún modo, posiblemente con una disposición adicional. Nos parece que, hasta ahora, este particularismo ha sido lo suficientemente reconocido, prueba de ello es que el problema ha surgido de los excesos, no de las restricciones, y no nos parece un buen camino que la Constitución se llene de singularidades de los territorios, más bien hay que tender a la homogeneización propia de los sistemas federales. Ahora, en aras de la política, concebida como un pacto de convivencia, no nos parece rechazable que haya un reconocimiento de singularidad a territorios con otros idiomas generadores de culturas particulares. Pero, en cualquier caso, ello no puede afectar ni a la equidad en el reparto de los fondos ni a las relaciones del Estado con esa comunidad, que deben ser homogéneas. Nos parece más adecuada la vía de la reforma constitucional que una negociación bilateral entre el Gobierno y la autoridad catalana que desemboque en nuevos ejemplos de favoritismo.

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