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Un salto al vacío en la estiba

Tras dos años de negociación, De la Serna demuestra determinación, pero también ausencia de mano izquierda

El Ministerio de Fomento confirmó ayer su intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes el proyecto de real decreto-ley por el que liberalizará los servicios de estiba en los puertos, único sector profesional en España que se mantiene bajo un monopolio controlado por las llamadas Sagep (sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios). Hoy por hoy, las empresas portuarias operan en un terreno vedado donde están obligadas a contratar con la Sagep correspondiente en cada puerto, sin posibilidad de recurrir a mano de obra externa. Como consecuencia, según los datos de la patronal, los costes portuarios son un 30% más elevados que la media de la Unión Europea (UE) y el PIB español pierde cada año 2.400 millones de euros.

La UE emitió en 2010 un dictamen en el que advertía a España de la obligatoriedad de poner fin a esta situación, que derivó en diciembre de 2014 en una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo contra nuestro país y una sanción superior a 21 millones de euros. La sombra de una segunda condena en ciernes -con una multa más elevada, a razón nada menos que de 134.000 euros al día- es lo que ha precipitado los pasos del Ministerio tras dos años de negociaciones infructuosas entre las partes. El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, ha demostrado determinación al afrontar el problema, pero también cierta falta de mano izquierda. Los atajos no siempre sirven para llegar antes ni más cómodo al destino que se pretende alcanzar. Da la impresión de que la breve reunión de ayer entre el Ministerio, las empresas y los trabajadores fue convocada más por cumplir el trámite que por una voluntad negociadora real, como lo demostraría que Fomento ya aludiera el pasado lunes a la necesidad de establecer servicios mínimos en los puertos ante los paros convocados para la semana próxima. Tampoco se han acabado de explorar todas las alternativas legislativas posibles para cerrar un pacto siguiendo los modelos de otros países de la UE y no se ha querido atender la voz de las autoridades portuarias pese a que el decreto-ley carga sobre ellas los costes de las indemnizaciones laborales que su aplicación puede ocasionar.

Estamos ante un asunto de Estado que afecta de lleno a infinidad de empresas. No en vano, el 65% de las exportaciones españolas salen del país por vía marítima, porcentaje que se eleva al 80% en el caso de las importaciones. Será difícil, pero de aquí al viernes hay que agotar todas las vías para posibilitar el acuerdo y evitar una escalada de conflictividad laboral que, ojalá nos equivoquemos, puede ocasionar una tensión que comienza a evidenciarse con los inaceptables actos de sabotaje de mercancías ocurridos en muchos puertos.

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