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juan ramón medina precioso

Científico

La ley del español

Los que apoyamos aquellas concesiones, la del castellano y la de las nacionalidades, fuimos unos ilusos con los que los nacionalistas se han comportado de forma desleal

La ley del español La ley del español

La ley del español / rosell

La Real Academia Española, en la versión de 2005 de su Diccionario Panhispánico de Dudas, dice que "para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español". La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término "español" resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente… En España, se usa también el nombre "castellano" cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco."

En efecto, la Constitución Española optó por el término "castellano", pero eso fue una concesión destinada a facilitar el apoyo de los nacionalistas vascos del PNV y catalanes de la Minoría Catalana al naciente pacto por la democracia. Igual que, al regular la estructura territorial de España, los constituyentes decidieron incluir el término "nacionalidades" como eufemismo de "naciones".

De hecho, hubo una estrecha relación entre ambas elecciones: en todos los territorios a los que se les adjudicaba, sin explicitarlo, el rango de nacionalidades se hablaba otra lengua además del castellano: Cataluña, Galicia y las provincias vascas.

Los que apoyamos aquellas concesiones, la de las nacionalidades y la del castellano, fuimos unos ilusos con los que los nacionalistas se han comportado de forma desleal. Lejos de servir para atenuar los riesgos de escisión, aquellas regalías sólo han servido para dar armas a los nacionalistas para romper la soberanía del pueblo español y la integridad territorial de España.

No contentos con ello, han mostrado una inquietante vocación expansionista. Los separatistas catalanes se han inventado los Países Catalanes, del que formarían parte la Comunidad Autónoma Valenciana y las Islas Baleares, mientras que los separatistas vascos aspiran a incluir Navarra en su futura nación.

Como era de prever, uno de los ejes de esa doble política separatista y expansiva ha sido tratar de expulsar al idioma español primero del ámbito de la Administración Pública y luego de la vida social; y ello, no sólo en los territorios de origen, las provincias vascas o Cataluña, sino también de sus zonas de influencia: Navarra o Valencia y las Baleares respectivamente.

Cualquiera que pretenda salvar la soberanía del pueblo español y la integridad territorial de España, que quiera en suma salvar la democracia española, pues antes de que España se rompiese caería la Constitución, debería mostrar el máximo interés en defender la vigencia del español en toda nuestra geografía.

Mi llamada va dirigida al PP y a Ciudadanos, pero muy especialmente al PSOE y al PSC, que de forma suicida están facilitando la hegemonía del catalán en Cataluña, Valencia y Baleares, contraviniendo así espíritu de la Constitución y diversas sentencias de los tribunales.

Urge elaborar y aprobar una Ley del Español que debería contener taxativamente los suficientes puntos para resultar eficaz. Mencionaré sólo tres de ellos.

Todos los medios de comunicación públicos - y las televisiones y radios autonómicas lo son- deberían emitir al menos la mitad de sus contenidos en español. No valdría que ningún Gobierno regional pretendiese fundar medios que usasen en exclusiva la lengua cooficial.

Además, esa ley debería prohibir declarar como lenguas vehiculares de la enseñanza las lenguas cooficiales, haciendo obligatorio que todas las instituciones públicas de enseñanza, desde la etapa infantil a la Secundaria, impartiesen al menos la mitad de la enseñanza en español.

Y debería prohibir que el conocimiento de la lengua cooficial fuese requisito obligatorio o mérito preferente para acceder a puestos de trabajo en el sector público. Todo lo más podría ser mérito complementario subordinado a los estrictamente profesionales. Eso, por otra parte, eliminaría barreras de entrada entre distintas comunidades autónomas. Si queremos salvar nuestra democracia, salvemos lo que dice nuestra Constitución sobre lo que, con la mejor voluntad, llamó castellano.

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