Las orgías de las ONG

Las organizaciones no gubernamentales o entidades del tercer sector de acción social, tal y como las denomina su ley reguladora, con una nomenclatura llamada desde el principio a claudicar en el lenguaje cotidiano frente al más llevadero de "oenegé", son entidades privadas sin ánimo de lucro que, por iniciativa ciudadana e inspirándose en criterios de solidaridad y participación social, sirven al interés general, y velan por los intereses y derechos de grupos sociales que sufren condiciones de vulnerabilidad o se encuentran en riesgo de exclusión social.

Se trata de un sector muy importante en nuestro país, tanto desde un punto de vista social como desde una perspectiva económica. Sorprende, en este sentido, al observador poco avisado que sean más de 30.000 las ONG que desarrollan sus actividades en España, que den trabajo a más de 700.000 personas y que sus ingresos representen el 1,51% del PIB español -esto es, unos 17.000 millones de euros aproximadamente-, de los que el 55%, más o menos, provienen directamente de subvenciones; esto es, del bolsillo de todos los contribuyentes.

Hace unos días tuvimos conocimiento por los medios de un episodio chusco -por llamarlo de alguna forma- que tuvo por protagonista a una de las ONG más grandes e importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero: Intermón Oxfam, cuyos ingresos anuales en España -para que se hagan una idea- superan los 100 millones de euros. Por si no lo han leído, les recuerdo brevemente el feo asunto. El 12 de enero de 2010, un terrible seísmo de 7,5 grados en la escala de Ritcher removía hasta sus entrañas la tierra de Haití, en la antigua isla de La Española, causando, además de una gran devastación, 300.000 muertos y 350.000 heridos. Pues bien, esa misma noche, la del 12 de enero, con toda esa gente muerta, herida o agonizante debajo de los escombros en que se había convertido la pequeña isla, algunos intermones, es decir, un grupo de directivos, empleados y voluntarios de esa ONG -todos ellos blancos y occidentales, claro- celebraron una orgía en Puerto Príncipe de las que, al parecer, hacen época. Pagando, claro. No sabemos si con su dinero o con el nuestro. Pero pagando, y supongo que con el nuestro. Al parecer, entre las víctimas de la orgía, que algunos testimonios presenciales apuntan que habría dejado en pañales a las de Calígula y su caballo Incitato, había también menores. Todas las chicas, mayores y menores, eran de raza negra y pobres de solemnidad.

A raíz de este escándalo, que está sacudiendo hasta sus mismos cimientos a la matriz de la ONG que tiene su sede en Londres, comienzan a ver la luz muchos otros episodios que apuntan a que aquél, digamos, incidente no es un hecho aislado, sino la punta de un enorme iceberg. Así se va conociendo que son centenares las denuncias que por este tipo de asuntos y otros de la misma fealdad se acumulan en la ONU, en los gobiernos europeos y en Bruselas, en la sede de la Unión, hasta el punto de que se valora hoy en numerosas capitales la conveniencia de cortar el grifo de algunas subvenciones.

De todo esto no se sigue -como ustedes comprenderán- que las ONG sean una partida de sinvergüenzas. Más bien al contrario, se sigue que, como en toda organización humana, conviene mucho separar el grano de la paja. Y para hacerlo, nada mejor que acentuar los mecanismos de control que los Estados pueden y deben ejercer sobre ellas.

En España, la Ley 43/2015 de la que les hablaba -aunque les parezca increíble, una ley con sólo 9 artículos para un sector que representa el 1,56% del PIB- establece con claridad los principios a que debe someterse el funcionamiento de estas entidades: la garantía de participación democrática en su toma de decisiones; la transparencia en el desarrollo de su objeto social, en la gestión de sus actividades y en sus cuentas; la autonomía respecto de las Administraciones; la contribución a la cohesión social por medio del voluntariado; los objetivos de interés general, y el principio de igualdad de trato, no discriminación e igualdad de género.

Todo ello, muy bonito y que suena muy bien, pero que se convierte en papel mojado sin un órgano específico de control que no existe en España. Por eso, y a la espera del desarrollo reglamentario de la referida ley, que lleva casi tres años de retraso, me permito proponer aquí que con esa ocasión, o en una futura reforma de la normativa reguladora, se cree una agencia gubernamental que las controle, para evitar que en el futuro unos pocos desaprensivos puedan manchar su buen nombre, con grave perjuicio para el sector y, por ende, para toda la sociedad. Todos tenemos derecho a saber en qué gastan, cómo cumplen sus funciones y cómo se gestionan estas organizaciones, precisamente porque los dineros que gastan, más que de ellas, son nuestros.